Pablo Casado, cualificado portavoz del PP, avisó a Roger Torrent con toda claridad: «tiene dos hijos y sabe a qué se atiene», la amenaza de Pablo Casado suena a problema grave. Claro que también dijo que Puigdemont podía acabar como Lluís Companys (fusilado), y no pasó nada; si hubiera sido en Euskadi se consideraría amenaza terrorista. Un tertuliano advierte de que, como insistan con Puigdemont, «volveremos a tener que aplicar el artículo 155». Volveremos.

Tras filtraciones de la operación, un periódico confirma que algunos ministros, el propio Rajoy, y, desde luego, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría llamaron a miembros del Tribunal Constitucional para «trasladarles lo grave que sería investir a Puigdemont». «La separación de poderes saltaba por los aires, con ella suele ir el Estado de Derecho, y apenas nadie se inmutó».

Las llamadas del Gobierno al Constitucional, lejos de provocar un clamor de indignación, a esto aplican el principio, según el cual «el fin justifica los medios». El fin, aparentemente, es preservar la unidad de España. Sin atenerse a molestos requisitos legales. La democracia es un bien superior en sí misma. El fraude que supone que el PP, hoy en el Gobierno, se ponga a recoger firmas para declarar inconstitucional el Estatut aprobado por los ciudadanos.

Coincide ahora el juicio de la Gürtel y la Fiscalía pide que no se juzgue al PP en el caso de los ordenadores de Bárcenas. La Fiscalía no ve delito en borrar 35 veces su contenido, por el simple hecho de que lo han hecho desaparecer. La misión principal del Fiscal tiene entre las misiones que lo definen «promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público». Y tampoco pasa nada.

Leo ahora en un periódico que la corrupción eleva del 10% al 50%, los sobrecostes con las mordidas de Gürtel.

¿De verdad creías que lo que se dilucida de forma prioritaria es la unidad de España?

Salud y República,

Pedro Mari Usandizaga Añorga