El Tribunal Supremo dio el martes la puntilla, de facto, al modelo catalán de inmersión lingüística. El poder judicial español, que en su día avaló el modelo, confirma así la involución que, en el caso catalán, arrancó con la sentencia contra el Estatut. Lo ocurrido con la inmersión lingüística confirma que lo de entonces no solo fue un freno a la reforma estatutaria, sino una enmienda a la totalidad a la exigua autonomía existente. No fue un «stop», fue un paso atrás.

La inmersión lingüística ha sido un modelo flexible que se ha adaptado al contexto de cada zona en Catalunya –es un mito pensar que ha funcionado igual en zonas estrictamente catalanoparlantes que en zonas con gran población migrante–, pero ha sido un modelo de gran éxito, tanto en su vertiente lingüística como, sobre todo, en la social. Con todos los matices que se quiera, la inmersión lingüística ha sido un vehículo crucial de cohesión social en un país en el que, al menos desde los años 60, la inmigración es una característica constitutiva. Garantizar el aprendizaje del catalán a toda su población ha ayudado a eliminar algunas –no todas– diferencias provocadas por la diversidad de orígenes. Quien, por otro lado, dude de la competencia que los alumnos adquieren en castellano, no tiene más que ver que, pese al éxito del modelo de inmersión, el uso del catalán entre los jóvenes sigue en retroceso.

Quienes en Euskal Herria abonan la irresponsable tesis que sitúa al euskara como factor de división y segregación social harían bien en aprender la lección catalana: garantizar el aprendizaje del euskara a todo el alumnado es luchar contra la desigualdad. Todos los agentes vascos a los que de verdad preocupe la lengua propia y la cohesión social deberían encender las alarmas, apoyar la decisión de las autoridades catalanas de seguir adelante con la inmersión lingüística y, en el caso de la CAV, encarar con urgencia el debate sobre el modelo educativo, que debería blindar el aprendizaje del euskara en cualquier circunstancia.