Según los poderes políticos y judiciales españoles, las administraciones vascas no pueden decidir, entre otras muchas y variadas cosas, el reparto de la jornada laboral de sus funcionarios; medidas para salvaguardar el medioambiente y desarrollar un modelo energético sostenible; cómo gestionar las costas y el suelo marino de su territorio; si el sistema ferroviario debe servir o no para transportar mercancías; las políticas públicas para el desarrollo del euskara; el número necesario de especialistas del sistema de salud, de profesores universitarios o de policías, entre otros puestos de la función pública; cómo reconocer y reparar a las víctimas de la violencia policial; o en qué invertir el superavit de la recaudación de impuestos. Es decir, apenas pueden hacer política.

Pero no solo política en general. La capacidad de los Ejecutivos vascos y de sus parlamentos para gestionar el sistema institucional y todos sus derivados está totalmente cercenada. En el Estado español existe una reforma recentralizadora que en Catalunya adquiere su forma más salvaje con la intervención económica y el artículo 155 y en Euskal Herria se está dando a través de un lijado competencial a golpe jurídico-administrativo. En ambos casos, esas medidas suponen el fin del modelo autonómico por la vía de los hechos.

La voluntad política del PP, la última fuerza política de las cámaras de Gasteiz e Iruñea, pesa a menudo más que las decisiones de sus gobiernos y que las votaciones de las mayorías en sus parlamentos. El derecho a veto de la minoría y del Gobierno central es más eficaz en muchas de las políticas públicas vascas que la voluntad democrática de los representantes electos.

No cabe olvidar que todo esto viene acompañado de una legislación penal excepcional contra la disidencia política, que se traslada desde el Cantábrico hasta el Mediterráneo y mantiene a los presos vascos en condición de rehenes y a los independentistas catalanes en prisión o bajo amenaza. La subordinación del poder judicial a la razón de Estado, la politización y el cálculo táctico permanente de sus jueces, la manera en la que están haciendo de la arbitrariedad bandera, en definitiva, la perversión total del estado de derecho, tendrá consecuencias imprevisibles en la estructura del Estado.

Voluntades divergentes y voluntad de acuerdo
Tal y como ha señalado varias veces el lehendakari Urkullu, es evidente «la existencia de un conflicto entre voluntades sociales mayoritarias que se manifiestan de forma divergente en Cataluña, el País Vasco y el resto del Estado español». Sin embargo el problema no es que el Estado español y sus poderes no reconozcan esta realidad. Son plenamente conscientes, por eso están poniendo en marcha políticas regresivas y represivas. Buscan la rendición, pero no de la insurgencia vasca o del independentismo catalán, sino de esas voluntades nacionales que democráticamente expresan proyectos políticos y sociales que no entran en los diminutos márgenes y retrógrados ideales del imaginario español.

Frente a esta deriva autoritaria, negacionista y recentralizadora, los esquemas de resignación, concertación o de pura resistencia tienen escaso futuro. Rebajar la ambición comunitaria, empobrecer las ya debilitadas estructuras del país e inhibir energías no solo no va a traer clemencia de vuelta, sino que va a desencadenar un castigo paralizador y ejemplarizante. Lo estamos viendo ya. No es una cuestión de principios, no solo; también lo es de posición política, de fortaleza o debilidad. Incluso en los esquemas más conservadores, las actitudes defensivas cuando el desequilibrio de poder es tan grande resultan perdedoras por definición. Hace falta liderazgos, talento, perseverancia, evitar el desasosiego y el fatalismo. Y creer más en el país, en su ciudadanía, en su pluralidad enriquecedora y en su voluntad democrática.

Si la «agenda vasca» se limita a un listín de teléfonos de ministros que no atienden y a un calendario anual de pactos que incumplir, habrá que empezar a pensar de una vez en transformarla en una agenda política seria, en el libro blanco de la soberanía y la democracia vasca, al servicio de su sociedad, congruente con sus capacidades reales, a la altura de sus deseos y ambiciones.

En ese sentido, hoy EH Bildu presenta su propuesta para la ponencia de autogobierno en Gasteiz. Merece ser leída con atención, porque trasciende ese marco, recoge elementos de las otras tradiciones políticas, actualiza su ideario y contiene la potencia para lograr articular mayorías y abrir el camino a acuerdos de país.