ELA ha presentado una denuncia ante la Fiscalía para que se investiguen las responsabilidades por la multa de 30 millones que la UE ha impuesto por no haberse recuperado a tiempo las ayudas concedidas a empresas en los noventa conocidas como «vacaciones fiscales».

La central entregó a la Fiscalía un informe sobre la decisión adoptada en su día por las Diputaciones de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba de «incumplir» la sentencia de los tribunales europeos sobre la recuperación de esas ayudas, consideradas ilegales por las autoridades comunitarias, según explicó ayer el sindicato en una nota.

ELA aclaró que el Tribunal de Justicia de la UE no ha sancionado con esta multa la aprobación en su día de las «vacaciones», sino «el incumplimiento de un mandato judicial».