Julian Assange, fundador de WikiLeaks, aceptó el riesgo para redimir las miserias sociales y políticas del antiterrorismo del Pentágono que ignora la más elemental ética. Lo está experimentando desde hace 16 años entre rejas. Es la última oportunidad de revisión ante la petición de extradición a los EEUU a quien la justicia británica pide garantías de que no será condenado a muerte o que podrá invocar la Primera Enmienda de la Constitución que consagra la libertad de expresión. EEUU utiliza todos los medios a su alcance para perseguir a quienes publican las fechorías de los organismos que realizan operaciones encubiertas, sean o no delictivas. Tras la cruel persecución de Assange que ha sido víctima, ahora el Pentágono negocia con la justicia inglesa su entrega para juzgarle por publicar montañas de documentación secreta descubre planes de intervención contra otros estados, lo que provocaría tensiones e incluso conflictos armados. Los EEUU utilizan todos los medios a su alcance para perseguir a quienes publican documentos de operaciones encubiertas por sus servicios secretos. En el caso de Assange, que ha permanecido siete años refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres, fue expulsado por presiones de Washington a Quito que ahora se arriesga a 175 años de prisión si le aplican la Ley de Espionaje por filtrar documentos secretos de guerra en Irak y Afganistán. Parece que Biden ha despertado de su habitual letargo y estudia anular la petición de extradición, por presión de la opinión pública mundial, además de que la proximidad de las elecciones a la presidencia provoca «sentimientos de perdón en los necios». La actitud ejemplar de Assange debería motivar esperanza por defender derechos humanos violados por políticos sin conciencia y jueces que sucumben a intereses de grupos de presión. Aguardemos que las expectativas optimistas se confirmen y Assange denuncie los años que ha estado privado de derechos humanos por su aprecio por la libertad.