El Código Penal español recoge la posibilidad de que un preso que padece enfermedad muy grave o incurable sea puesto en libertad. Sin embargo, en el caso de los presos vascos, esta opción se cierra al límite, a tenor de las directrices que recoge una instrucción de Instituciones Penitenciarias de la que se ha tenido noticia por una información publicada hoy en “El País”.

Para los presos vascos enfermos solo se contemplaría la puesta en libertad si su muerte se va a producir en un breve plazo de tiempo o si se arrepienten. Ese sería el criterio penitenciario, pendiente después de la decisión judicial.

Según la información de referencia, se pretende evitar casos como el de Josu Uribetxeberria, que, al parecer, según la doctrina que impera en la política penitenciaria española, vivió demasiado tiempo tras ser liberado. En realidad, la excarcelación de Uribetxeberria fue muy costosa y, médicamente, resultaba evidente su gravísimo estado de salud. Salió de prisión en agosto de 2012 y falleció dos años y medio después.

Este criterio respecto a los presos vascos contrasta con lo laxo que han sido las instituciones penitenciarias en otros casos. Uno de los ejemplos más paradigmáticos es el del general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, condenado en 2000 a 75 años de prisión por el secuestro y muerte de Lasa y Zabala y puesto en libertad cuatro años después por problemas de salud. Ni había riesgo para su vida ni ha mostrado arrepentimiento jamás. Su historia concluyó con la concesión de la libertad condicional en octubre de 2013.