La investigación del «caso Bidegi» (pagos públicos de más de 30 millones de euros por trabajos supuestamente no realizados en la AP1) puede alargarse hasta 2022, tras la decisión del Juzgado de Azpeitia, tomada a petición de la Fiscalía. Ambas instancias entienden que la complejidad técnica del asunto así requiere esta prórroga de cinco años.

Los junteros de EH Bildu que se personaron como acusación dada la inacción de la actual Diputación de Gipuzkoa concluyen que «con ello se demuestra que este es un asunto muy serio y que las dos querellas interpuestas por el anterior Gobierno foral tienen fundamento y una base jurídica sólida».

La prórroga del plazo de instrucción fue argumentada por la Fiscalía por «la necesidad de practicar una pericial imparcial que sirva para clarificar los hechos, pericial que, a nuestro juicio, dada su complejidad y el carácter multidisciplinar que la misma ha de tener, puede dilatarse años».

Los junteros de EH Bildu se mostraron a favor de esta solicitud, mientras que los imputados se opusieron y significativamente la Diputación de Gipuzkoa no emitió opinión alguna. Cabe recordar que cuando era dirigida por EH Bildu fue la parte querellante, pero al pasar a manos de PNV-PSE ha pasado en la práctica a ejercer la defensa, dada su consideración de que se trata de una «denuncia falsa».

El auto judicial que acepta esta prórroga indica que no hay una pericial pendiente, sino dos: la reclamada por la Fiscalía desde setiembre de 2016 y la propuesta por los junteros de la izquierda independentista el pasado mayo.

La Ertzaintza dice que no tiene capacidad técnica para hacer una pericial

Sobre la primera hay una cuestión muy llamativa, que destapó la acusación de Joseba Egibar (PNV) en el Parlamento de que EH Bildu estaba apelando a la UCO de la Guardia Civil en este caso. Como han confirmado hoy a preguntas de los periodistas los junteros Iban Asenjo, Judith García y Jon Albizu, la pericial había sido encomendada a la Ertzaintza pero este cuerpo ha alegado que no tiene capacidad técnica para llevarla a cabo, de modo que los electos de EH Bildu han demandado que la haga la instancia competente.

Asenjo ha mostrado su sorpresa por que una Policía que se presenta como «integral» no pueda realizar esa diligencia judicial, que básicamente consistiría en comprobar si los trabajos pagados por Bidegi en la AP1 se hicieron o no. Cabe recordar, por ejemplo, que la querella afirma que el hormigón colocado en los túneles es sustancialmente menor que el realmente facturado y pagado en la liquidación de junio de 2011, seis días antes de la llegada al cargo de Martín Garitano.

En una valoración política de la situación, Judith García ha destacado que es hora de dejar de tratar este caso «con ligereza y queriendo desviar la atención y actuando con victimismo. Este comportamiento no es compatible con el rigor y la seriedad que exige un presunto desvío de dinero público».