La decisión de imponer estas elevadas multas a los síndicos electorales se ha alcanzado por unanimidad, pero tres de los doce magistrados del TC –Fernando Valdés Dal-Ré, Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer– han redactado un voto concurrente en el que discrepan de la argumentación de la mayoría aunque hayan votado a favor de la medida, que es de carácter coercitivo.

Esto quiere decir que las multas –cuya finalidad «no es la de infligir un castigo», sino la de obligar al cumplimento de sus resoluciones–, solo empezarán a imponerse, en caso de persistir el incumplimiento, a partir de las diez de la mañana del día siguiente a la publicación en el BOE de la presente resolución.

Se les exige, concretamente, la revocación de todas las resoluciones y acuerdos que hayan adoptado, la comunicación de tal revocación a sus destinatarios y la renuncia de los síndicos a sus cargos

Los multados

La Sindicatura Electoral aprobada por el Parlament está compuesta por los juristas Marc Marsal, Marta Alsina y Josep Pagès, y los politólogos Jordi Matas y Tània Verge, que deberán informar ahora de sus actividades al Tribunal.

Por lo que se refiere a los territoriales, reparten sus funciones entre la sindicatura electoral del Aran (se trata Maria Carme Vilanova Ramon, presidenta; Vicens Bitrià Àguila, vocal y Armand Simon Llanes, secretario) Barcelona (Roc Fuentes i Navarro, presidente; Susana Romero Soriano, vocal; Antoni Fitó i Baucells, secretario) Girona (Jordi Casadevall Fusté, presidente; Josep Maria Llistosella i Vila, vocal; Jordi Díaz Comas, secretario) y Lleida (Mariona Lladonosa Latorre, presidenta; Alexandre Sàrraga Gómez, vocal; Simeó Miquel Roé, secretario) y Tarragona (Xavier Faura i Sanmartin, presidente; Montserrat Aumatell i Arnau, vocalMarta Cassany i Virgili, secretaria).

Además el Pleno ha acordado poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal para que este proceda, «en su caso, a exigir la responsabilidad penal» a los miembros de la sindicatura electoral de Catalunya y a los miembros de las sindicaturas de demarcación. Esta decisión llega después de que la Fiscalía se haya querellado ya contra todos ellos en un procedimiento penal que se tramitará por el Juzgado de Instrucción número 15 de Barcelona.

Otros sancionados

El Pleno del TC también ha impuesto estas multas diarias al número dos de Oriol Junqueras en la Conselleria de Economía, Josep María Jover, detenido ayer por la Guardia Civil. La cuantía para este alto cargo es de 12.000 euros diarios mientras no acate las resoluciones del TC.

Se le ha impuesto esta sanción como jefe de la administración electoral y en este sentido también ha sido multada, aunque con 6.000 euros diarios a Montserrat Vidal i Roca, igualmente responsable de este asunto.

Nuevas atribuciones

El TC ha aplicado por primera vez la previsión contenida en el artículo 92.5 LOTC. Este precepto faculta al Tribunal a acordar la imposición de medidas coercitivas sin oír a las partes cuando el incumplimiento afecta a la suspensión cautelar de las normas o actos impugnados y concurren «circunstancias de especial trascendencia constitucional».

A través de escritos presentados por la Abogacía del Estado, el Tribunal Constitucional tuvo conocimiento del incumplimiento de todas las resoluciones referidas por los miembros de la sindicatura electoral de Catalunya.

Estos incumplimientos han consistido no solo en la designación de los miembros de las sindicaturas de demarcación, sino también en la adopción de resoluciones referidas al tamaño de las papeletas, los plazos para la presentación de organizaciones interesadas en el referéndum o para la validación del llamado «manual de instrucciones para los representantes de la Administración y para los miembros de las mesas electorales».

En su auto, los magistrados explican que las multas coercitivas son una de las herramientas que la legislación pone en manos del Tribunal Constitucional para «asegurar el efectivo cumplimiento de sus sentencias y demás resoluciones».

La función de tales medidas, aclara, «no es la de infligir un castigo ante un comportamiento antijurídico o ilícito», sino la de «lograr la adecuada ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional».

Respecto a la concreta imposición de las multas, explica que «el constreñimiento económico que supone su imposición, responde a la finalidad de obtener la acomodación de un comportamiento que desconoce una resolución del tribunal, restaurando el orden constitucional perturbado al forzar el cumplimiento de lo acordado en la resolución».

La ausencia de «cualquier atisbo represivo o de castigo» en estas multas conlleva la necesidad de dar a quien pudiera estar incumpliendo el mandato del Tribunal la oportunidad, en un concreto plazo temporal, de «restaurar la legalidad perturbada, concediéndole un plazo inicial suficiente a tal efecto». Si, transcurrido ese tiempo, persistiera el incumplimiento, entonces se haría efectiva la multa coercitiva.

Tras el análisis de los hechos, el Tribunal concluye que se dan las circunstancias que le permiten imponer multas coercitivas. Respecto a la cuantía, es más elevada para los miembros de la sindicatura electoral de Catalunya por cuanto esta «ocupa una posición nuclear en la celebración del referéndum» y el incumplimiento por parte de sus miembros de las resoluciones del Tribunal ha sido reiterado.

Por su parte, los integrantes de las sindicaturas de demarcación han «colaborado con el incumplimiento de las providencias», pero su conducta no reviste las «notas de reiteración, jerarquía o importancia del órgano atribuidas a los miembros de la sindicatura electoral» de Catalunya, circunstancias que conducen a establecer una cuantía inferior.

El TC explica también en su auto que no procede imponer la multa mínima prevista en la ley (3.000 euros) por varias razones: las graves consecuencias que para el interés general supone la posibilidad de que se lleve a término el referéndum; la responsabilidad que en dicho cometido tienen los miembros de las sindicaturas electorales; la urgencia con la que debe darse cumplimiento a los mandatos de suspensión de normas y disposiciones dictados por el Tribunal; y la necesidad de reforzar el efecto disuasorio de la multa.