La Fiscalía no quiere que haya ningún colegio electoral abierto el domingo y da instrucciones a los Mossos d'Esquadra para que lo eviten. Por ello, ha ordenado a los Mossos d'Esquadra que precinten los colegios electorales designados para el referéndum del domingo y que desalojen antes del 30 de setiembre a las personas que estén dentro.

El ministerio público ya tiene la lista de los centros que la Generalitat quiere habilitar como puntos de votación. El fiscal solicitará a los Mossos que también vigilen la integridad de los precintos hasta las 21.00 del 1 de octubre, de que le informen de si hay casos en que se rompe dicho precinto, además de asegurar que no se constituyen las mesas.

No solo eso, sino que, ante la posibilidad de que se instalen mesas en la calle, decreta que la Policía autonómica controle un radio de cien metros alrededor de estos edificios.

También, según TV3, se ha pensado en cómo actuar en el caso de que los Mossos d'Esquadra no acaten las órdenes. En primer lugar, se requerirá la actuación de las policías locales. Solo en última instancia se llamará a la Guardia Civil y a la Policía española. 

Identificación de responsables de centros

Los Mossos d'Esquadra ya han empezado a identificar a responsables de centros designados como colegios electorales en el referéndum del 1-O, en cumplimiento a la instrucción remitida ayer lunes por la Fiscalía Superior de Catalunya, informa Europa Press.

Para ello se han confeccionado unas actas para los agentes que acuden a estos centros, en las que deben cumplimentarse los datos del centro, de la persona responsable, y si ha recibido alguna comunicación de los responsables de Enseñanza –o quien pertenezca el centro– solicitando su colaboración en la celebración del referéndum.

En el documento, Mossos pide que el responsable del centro concrete, en caso de haber recibido solicitudes de colaborar con el 1-O, si ha sido oral o por escrito, el contenido de la comunicación, y que se entregue cualquier material recibido para la votación: papeletas, urnas, listado de votantes u ordenadores, entre otros.

La policía catalana avisa a los responsables de los centros de que entregar las llaves o cualquier contraseña de seguridad por parte del responsable legal a una persona privada o pública, incluida la administración educativa, puede considerarse un acto de colaboración en los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación.