15-10-2016. Trifulca en un bar

De madrugada y durante las ferias de Altsasu, se produjo una trifulca en un bar en la que se vieron implicados dos guardias civiles y sus parejas y que acabó con uno de los agentes herido en un tobillo. Los medios estatales no tardaron en hablar de «unos 50 agresores» y comenzaron a señalar a Ospa Mugimendua, que reclama la desmilitarización de Euskal Herria. Esa misma madrugada fueron detenidas dos personas.

17-10-2016. Los dos detenidos quedan en libertad

Los dos jóvenes detenidos en Altsasu acusados de agredir a dos agentes de la Guardia Civil quedan en libertad con cargos tras comparecer ante el juzgado de Iruñea. Ambos niegan haber participado en la trifulca. Les imputan los delitos de atentado a la autoridad y lesiones y deben acudir a firmar al juzgado una vez a la semana.

22-10-2016. Más de 2.000 personas denuncian el «montaje policial» en Altsasu

Bajo el lema 'Muntai polizialik ez. Utzi pakean Altsasu', más de 2.000 personas salieron a las calles de Altsasu para denunciar «el montaje policial» y la campaña mediática que se estaba orquestando.

25-10-2016. El informe de la Guardia Civil descarta el linchamiento

El informe que envía la propia Guardia Civil al Juzgado de Instrucción número 3 de Iruñea desmiente la versión del linchamiento. Tampoco apunta a un delito de «terrorismo», tal y como ya ha demandado Covite, sino que señala a un «delito de odio». Para acreditar dicho «delito de odio» la Guardia Civil completa el informe con documentación del movimiento Alde Hemendik y Ospa! Mugimendua que se remonta hasta los 80.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que la trifulca constituye «graves hechos delictivos contra la integridad física de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad realizados con el propósito de atemorizar a colectivos que no comparten sus ideas y generando una grave alteración para la paz pública».

26-10-2016. La juez Lamela asume la competencia y considera los hechos «terrorismo»

La juez de la Audiencia Nacional española Carmen Lamela se declara competente para investigar por un delito de «terrorismo» la denuncia presentada por Covite. Lamela ha basado su argumentación en la deficinión que el artículo 573 del nuevo Código Penal español hace de «terrorismo». Una definición, así como las disposiciones relativas a la criminalización de los actos de «incitación y enaltecimiento» o «justificación del terrorismo» que la ONU considera que son «excesivamente amplia e imprecisas».

Seis jóvenes de Altsasu identificados en el informe de la Guardia Civil acuden al Juzgado de Iruñea dispuestos a declarar, hecho que no han pueden llevar a cabo dado que la juez Mari Paz Benito no se encuentra de guardia.

28-10-2016. La juez Benito quiere conservar la causa en Iruñea

La juez María Paz Benito, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Iruñea, muestra la voluntad de mantener en sus manos la causa. Así, ha requiere a la Audiencia Nacional que le remita las diligencias que haya practicado sobre el asunto.

Por otro lado, comparecen voluntariamente ante la juez Benito en el Juzgado de Iruñea las personas identificadas en el informe de la Guardia Civil como participantes en la trifulca

14-11- 2016. La Guardia Civil detiene a ocho personas y Lamela encarcela a seis

El 14 de noviembre de 2016 Euskal Herria se despertó con una nueva razzia. La Guardia Civil detiene a ocho personas en una operación bautizada como ‘Ausiki’, que significa ‘morder’. Una de las parejas de los agentes asegura haber mordido a uno de los jóvenes implicados en la pelea.

Lamela decreta prisión «incondicional y sin fianza» para Jokin Unamuno, Iñaki Abad, Oihan Arnanz, Julen Goikoetxea, Jon Ander Cob y Aratz Urrizola. Pone en libertad con comparecencias periódicas a las otras dos personas arrestadas. La juez justifica que con esta medida «se pretende evitar que se oculten o se destruyan pruebas». Adur Ramirez de Alda y Aritz Urdangarin se presentan de forma voluntaria pero deben volver el día 16.

16-11-2016. Lamela envía a prisión a Adur Ramirez de Alda

La juez envía a prisión a Adur Ramírez de Alda, que se vuelve a presentar en la Audiencia Nacional de forma voluntaria para pasar una rueda de reconocimiento y prestar declaración. Lamela alega «riesgo de fuga» pese a que ha declarado hasta en tres ocasiones de forma voluntaria. Asimismo, deja en libertad con cargos a Aritz Urdangarin.

26-11-2016. 20.000 personas llenan Altsasu en solidaridad con los encarcelados

Bajo el lema ‘Altsasu’ miles de personas (20.000 según los organizadores) colapsan las calles de Altsasu reclamando la libertad de los encarcelados y denunciando la imagen «manipulada» que se da del pueblo.

20-12-2017. Quedan en libertad cuatro de los siete encarcelados

La jueza de la Audiencia Naiconal española Carmen Lamela ordena la puesta en libertad de cuatro de los siete jóvenes de Altsasu encarcelados tras revisar el caso. Se trata de Aratz Urrizola, Iñaki Abad, Julen Goikoetxea y Jon Ander Cob. Jokin Unamuno, Adur Ramírez de Alda y Oihan Arnanz seguirán en prisión.

02-02-2017. Lamela concluye el sumario y atribuye delito de «terrorismo»

Lamela señala que los hechos se enmarcan «en las rutinas de hostigamiento» a la Guardia Civil. «Todos conocían con anterioridad la condición de Guardia Civiles del teniente y el sargento, siendo esta única y exclusivamente la causa por la que fueron insultados y golpeados», repite. Asimismo, apunta a que «actualmente cuentan con el apoyo de Bildu, Sortu y Ernai», a lo que añade a Ospa Mugimendua, considerando a los detenidos «sus principales promotores». Atribuye a todos los imputados un delito de «terrorismo».

07-03-2017. La Audiencia Nacional confirma el procesamiento de Unamuno, Abad y Urkijo

La sección cuarta de la AN decide levantar el procesamiento de Aritz Urdangarin al entender que el hecho de que se «burlara» de los agentes y «tratara de dificultar» la detención de otro de los procesados no constituye un delito de «terrorismo». En el caso de Ainara Urkijo, el tribunal especial señala que las frases que se le atribuyen, de forma aislada, no constituirían un delito de «terrorismo», pero en este caso la enmarcan en una campaña de «hostigamiento» hacia la Guardia Civil. Por otro lado, la sección cuarta también confirma el procesamiento de Jokin Unamuno e Iñaki Abad, al considerar que no son «ajenos» a los hechos.

24-03-2017. La Audiencia de Nafarroa considera que la trifulca se debe juzgar en Iruñea

La Audiencia de Nafarroa estima el recurso interpuesto por los nueve jóvenes investigados por la trifulca de Altsasu y considera que la causa debe instruirse en Iruñea y no en la Audiencia Nacional española, por lo que insta a la jueza a plantear la competencia ante el Tribunal Supremo. «No es posible concluir que en los hechos denunciados existan indicios de la comisión de un presunto delito de terrorismo», señala la sección Primera de la Audiencia.

29-05-2017. El Supremo debe decidir sobre la cuestión de competencia

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española acuerda suspender la tramitación de la causa sobre la trifulca hasta que el Tribunal Supremo decida sobre la cuestión de competencia.

01-06-2017. El Supremo estable que la causa se juzgue en la Audiencia Nacional

El Tribunal Supremo falla a favor del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional española en la cuestión de competencia. Aprecia «indiciariamente que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de terrorismo», con encaje en el artículo 573.1 del Código Penal.

10-06-2017. Alejados desde el inicio, también se les dispersa

Oihan Arnanz y Adur Ramírez de Alda son trasladados desde Soto del Real, donde permanece Jokin Unamuno, a las cárceles de Navalcarnero y Aranjuez, respectivamente.

29-06-2017. Los familares viajan a Bruselas

Familiares de los jóvenes de Altsasu viajan hasta la sede de Bruselas del Parlamento Europeo para explicar su situación y reclamar que no se trata de un «caso de terrorismo». Asimismo, solicitan que la causa sea juzgada en Iruñea y no en la Audiencia Nacional española. 51 eurodiputados piden «proporcionalidad, justicia y equidad».

04-07-2017. Las peticiones fiscales suman 375 años de prisión

La Fiscalía de la Audiencia Nacional española solicita un total de 375 años prisión para los ocho jóvenes de Altsasu que fueron procesados tras la trifulca con dos guardias civiles. Para uno de ellos pide 62 años de cárcel, para otros seis 50 años a cada uno y doce años y medio para la octava procesada.

19-09-2017. Negación de libertad, por séptima vez

Por séptima vez en 11 meses, se vuelve a denegar la libertad para los tres jóvenes en prisión preventiva. Aluden riesgo de fuga. Pese a que la situación en prisión obliga a tramitar el juicio de forma urgente, sigue sin haber fecha para la vista.