El juicio se celebrará desde hoy en el juzgado de Primera Instancia Número 4 de la capital guipuzcoana, en el Palacio de Justicia del barrio de Egia, y se espera que se prolongue tres días, hasta la exposición de conclusiones prevista para el próximo viernes.

La denuncia fue presentada el 31 de mayo del año pasado por el Consorcio de Residuos al entender que las dos entidades bancarias citadas, así como la consultora Price Waterhouse, que asesoró la operación y también está incluida en la demandada, hicieron una «mala interpretación» de los productos financieros «swaps».

Así lo explicó aquel día, cuando acudió al juzgado a interponer la demanda, la actual presidenta de GHK, la edil de Bildu en Lezo Ainhoa Intxaurrandieta, quien entonces era vicepresidenta de esta entidad pública conformada por las mancomunidades y la Diputación de Gipuzkoa.

Intxaurrandieta aseguró que Banesto y La Caixa estaban cobrando al Consorcio los intereses correspondientes a las cantidades que tenían previsto prestar, en función de un calendario preestablecido, para la construcción de las infraestructuras de tratamiento de basuras de Zubieta, entre ellas la incineradora, y no sobre la cantidad realmente utilizada.

La decisión de demandar a estos bancos fue adoptada por la Asamblea de GHK en febrero de 2013, en cumplimiento de la decisión adoptada por la Asamblea de este organismo.

Al decidir no construir la incineradora, el Consorcio solo había gastado cerca de 10 millones de euros, mientras que, según argumenta en su demanda, en virtud de la interpretación que los bancos hacían de esos contratos «swaps», se estaban cobrando intereses por unos 125 millones, que son los que se deberían haber usado si no se hubiera paralizado el proyecto.

Los intereses en el momento de interponer la demanda se elevaban a unos 400.000 euros al mes, según denunció Intxaurrandieta, quien advirtió de que «la alta toxicidad y valor especulativo» de dichos contratos acarrearían, de seguir vigentes, unas pérdidas de 60 millones de euros.

La demanda que comenzará a ver mañana el juzgado donostiarra busca la anulación de esos contratos de cobertura de intereses y se fundamenta en el supuesto incumplimiento por parte de los bancos de su obligación de informar adecuadamente al Consorcio.

Tras la inicial intervención de los representantes legales del Banesto y La Caixa, como parte demandada, la primera jornada del juicio empezará con las declaraciones de testigos, entre los que figura Intxaurrandieta como máxima responsable de la entidad demandante.

También están llamados a declarar, entre otros, los anteriores gestores del Consorcio Carlos Ormazabal, quien fue su presidente y diputado foral de Medio Ambiente en el mandato de Markel Olano (PNV), y su director general, Joxi Etxezarreta, así como la que fue asesora financiera Maite Etxaniz, responsables del organismo cuando se aprobó el plan de financiación para Zubieta.