En una comparecencia en Bilbo, los abogados Alfonso Zenon y Maritxu Paulus han explicado que la totalidad de los presos que se encuentran en cárceles del Estado francé han presentado sus peticiones individuales, mientras que los encarcelados en prisiones españolas tienen previsto concluir la presentación en la primera quincena de junio.

Aunque no se ha recibido una respuesta oficial a las peticiones realizadas, en el caso francés se han producido algunos «cambios» que, en general, demuestran «nula voluntad» de acercamiento. No obstante, los abogados han destacado que dos presos sí han sido trasladados a la cárcel de Mont de Marsan, lo que a su juicio evidencia que «si hay voluntad, no existe ningún impedimento».

En cuanto al Estado español, han explicado que la administración penitenciaria no está dando «respuesta expresa» a las solicitudes de traslado a la prisión alavesa de Zaballa, aunque sí se han recibido alrededor de 20 notificaciones, a medida que se llevan a cabo las revisiones periódicas, de que «no procede ni revisar esa clasificación ni modificar el centro penitenciario de destino».

En estas resoluciones, «idénticas en todos los casos», según ha indicado Alfonso Zenon, se alega que «se cumple condena por hechos delictivos relacionados con una organización terrorista que aún no se ha disuelto y que se sigue vinculado a esa organización en prisión».

En lo que se refiere a los presos enfermos y a los mayores de 70 años, «señalan que estas circunstancias no les parecen suficiente para fórmulas de cumplimiento suficientes a las asignadas».

El letrado ha censurado que esta «respuesta» es «inaceptable desde todos los puntos de vista». De este modo, ha manifestado que, desde el punto de vista jurídico, supone «un auténtico disparate» porque «no solo no da respuesta a las alegaciones realizadas por los presos, que se fundamentan en preceptos jurídicos, sino que contesta con razonamientos que se ubican al margen de la legalidad y de las normas internacionales que regulan los derechos fundamentales».

«No cabe condicionar el respeto a los derechos fundamentales a ninguna circunstancia ni de disolución, ni de perdones, ni ninguna otra circunstancia, porque ni la ley ni el sentido común lo contemplan», ha señalado Zenon, que ha subrayado que «las normas internacionales son claras» y los convenios que regulan los derechos fundamentales también señalan que los presos deben estar «en la cárcel más cercana» a su lugar de origen.

Zenon ha denunciado que se ha producido «una respuesta propia de un Estado sin escrúpulos» desde el punto de vista humanitario porque se apuesta por «el sufrimiento y la crueldad» hacia los presos. Además, ha censurado que políticamente es «vergonzoso» que «un Estado que se llama a sí mismo democrático mantenga la dispersión».

Ante esta situación, los abogados han anunciado que en el Estado francés se abre la posibilidad de presentar recurso, mientras que en el español existe la posibilidad de que los presos que han recibido la veintena de notificaciones puedan acudir al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, con «recursos y peticiones» que se prepararán a lo largo de las próximas semanas.

De momento, ya han presentado los recursos de, Txus Martín, Ibon Iparagirre, Aitor Gogorza e Ibon Fernandez Iradi, todos ellos aquejados de enfermedades graves.

Los abogados han expresado su intención de «ir paso a paso» y ver «hasta dónde lleva» la vía jurídica, y han esperado que no sea necesario llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK) comenzó a tramitar las peticiones individuales de acercamiento el pasado mes de marzo. El primer grupo de solicitantes, dada la urgencia especial de su situación, fue el de los presos enfermos y los mayores de 70 años. En este caso concreto, además de la repatriación se reclamaba su excarcelación debido a su estado.