Los ayuntamientos de Andoain, Zizurkil y Antzuola ha comparecido ante los medios de comunicació para denunciar «parte de las irregularidades que estamos encontrando en las obras de construcción de la infaestructura que surca nuestros pueblos: el TAV».

La alcaldesa de Andoain, Ana Carrere (Bildu), ha tomado la palabra en nombre de las tres instituciones para alertar de que en esas obras, «y a espaldas de los ayuntamientos a los que representamos», se han construido plantas de hormigón que surten de este producto a las obras.

Según ha señalado, estas plantas no se encuentran recogidas en los proyectos del TAV y su actividad ha sido declarada ilegal en tres sentencias diferentes. «No cabe duda de que estas plantas son ilegales», ha dicho.

Ante estos hechos, en Zizurkil y Antzuola los ayuntamientos han abierto sendos expedientes, mientras que Andoain ya cuenta con una sentencia que declara ilegal la actividad de la planta que se pretendía abrir bajo el paraguas del TAV.

Carrere ha subrayado que, «debido a la opacidad que rodea al proyecto y las obras del TAV y a la escasez de recursos económicos y técnicos de nuestros ayuntamientos, no es tarea fácil detectar, analizar y resolver las graves irregularidades que lleva aparejadas semejante infraestructura».

Sin embargo, ha denunciado que el promotor de la obra, ETS, y el Gobierno de Lakua, se dedican a «obstaculizar, distraer o, incluso, presionar a los ayuntamientos, como en el caso de Zizurkil, invadiendo competencias municipales y requiriendo el archivo de un expediente que se limita a llevar a cabo lo que la ley y los tribunales ya han dejado claro».

En ese sentido, han exigido al Ejecutivo de Gasteiz que «ponga freno a estas actuaciones y actúe inmediatamente para parar las actividades de estas plantas ilegales». «No es de recibo decir que el Gobierno Vasco no tiene nada que ver, debido a que la tramitación de licencias de actividad es competencia municipal y luego, cuando los ayuntamientos pretenden ejercer esa competencia, argumentar e incluso presionar en sentido contrario, a fin de que se permitan actividades al margen de la ley», ha criticado.

Los tres ayuntamientos han anunciado que emprenderán las acciones jurídicas correspondientes frente a esas irregularidades.