Ainhoa Etxaide y Mikel Saralegi han denunciado que «el sistema de protección social vasco no está funcionando: ni atiende a todas las personas que lo necesitan ni es suficiente en la intensidad de apoyo». En este sentido, la secretaria general de LAB demanda que se realice un «plan urgente contra la creciente pobreza» que «asola» a una parte «cada vez más amplia» de la sociedad vasca.

En el estudio, la central sindical asegura que «cada vez son más las personas obligadas a aceptar empleos a tiempo parcial. Son un 17% ya (185.400 personas) cuando hace cinco años era del 13,5%».

Por su parte, Saralegi ha explicado que «mientras caen los salarios más bajos, por encima del 10% desde el inicio de la crisis», en la parte alta de los salarios se produce un efecto inverso: «crecen entre un 4,6% en la CAV y un 5,08% en Nafarroa».

Bajo este panorama desolador que la macroeconomía pasa por encima, la secretaria general de LAB ha recordado que «todavía vendrán nuevos recortes» por parte del Gobierno español, pero que «silencian» los gobiernos de Iruñea y Gasteiz. «No confiamos en que estos tengan voluntad de cambiar esta situación», por lo que ha insistido en la necesidad de «la movilización y el incremento de la tensión social para conseguir que sea mayoritario». Para ello, ha apostado, igual que al inicio de la crisis en 2008, por la alianza sindical vasca y de los movimiento sociales para consolidar ese marco de cambios y transformación social, con el fin de avanzar en las conclusiones de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria.

Etxaide, además, ha indicado frente a quienes dicen que no hay recursos públicos que ayer se aprobó la compra de Catalunya Banc por el BBVA, que costará 11.600 millones a las arcas púbicas. «Si aplicamos el porcentaje sobre el Cupo, son 800 millones los que Hego Euskal Herria pondrá. Es más que el dinero que se gasta en la Renta de Garantía de Ingresos y las ayudas sociales. Existen recursos, lo que ocurre que se han convertido en un gran negocio de los bancos y el poder financiero, que son los responsables de esta crisis económica», ha remarcado.

Para LAB, la alternativa pasa por generar empleo de calidad. «Establecer una Salario Mínimo Interprofesional por encima del umbral de la pobreza», al que se podría llegar con un acuerdo sindical, político y empresarial. A juicio de Etxaide, «se puede garantizar, porque las grandes empresas están multiplicando los beneficios». Otro elemento para avanzar es la mejora de la protección y prestaciones sociales, «que se universalicen, para que los jóvenes y los parados de larga duración puedan acceder a las ayudas». También deben garantizarse los servicios públicos y eliminar el copago, además de garantizar el derecho a la vivienda.