El portavoz del Govern catalán, Francesc Homs, ha comparecido al mediodía para valorar el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) que ha avalado, con cuatro votos particulares contrarios, la ley de consultas catalana. La resolución afirma que la ley se ajusta tanto al Estatut catalán como a la propia Constitución española. Por ello, Homs ha afirmado que existen suficientes argumentos jurídicos para convocar la consulta.

El Parlament envió a mediados de julio la ley a este consejo asesor, una vez recibido el dictamen ahora es el Pleno del Parlament quien debe pronunciarse sobre el texto legal.

Durante la rueda de prensa, el portavoz del Govern también se ha referido a la sentencia del Tribunal Constitucional de marzo en la que anulaba la Declaración de Soberanía del Parlament. Esa sentencia, señalaba el derecho a decidir como una aspiración política legítima, punto en el que se apoyó en su día Homs para celebrar la decisión. Hoy, ha dicho que en base al dictamen del Consell y la sentencia del TC avalan la vía emprendida por lo que espera la aprobación, primero, de la ley en el Pleno y la posterior convocatoria de la consulta para el 9 de noviembre.

Legalidad y obediencia popular

El dictamen del CGE servirá de sedimento de cara a una eventual prohibición de la consulta por parte del Tribunal Constitucional español. Homs ha declinado hablar sobre ello, «no hablemos sobre hipótesis».

Esta misma semana el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, se ha referido al sustento legal de la consulta. Trias advirtió al Estado español del riesgo de prevaricar en caso de prohibir la consulta. El alcalde se mostró convencido de que la convocatoria contará con suficiente base legal, por lo que anuncio del riesgo de prevaricación si prohíben «una cosa sabiendo que es legal».

Las formaciones y organismos soberanistas mostraron su disposición a seguir con la consulta pese a un eventual veto español, después de que la vicepresidenta del Govern especulara con la posiblidad de un aplazamiento. Varios partidos coincidieron en señalar que deben obedecer, ante todo, la voluntad de la ciudadanía catalana.