El Tribunal Constitucional ha anunciado la suspensión del proceso de participación previsto en Catalunya para el 9 de noviembre. Lo ha hecho nuevamente por unanimidad y aferrándose al mismo artículo de la Constitución, el 161.2, que decreta la paralización inmediata de las actuaciones cuando el Gobierno español presenta recurso.

La novedad respecto al anterior veto es que lo extiende desde el 31 de octubre, fecha en la que la Abogacía del Estado presentó las alegaciones. Con esto, da la sensación de que el Alto Tribunal busca paralizar también las acciones que ya se hayan llevado a cabo. La providencia «acuerda suspender los actos impugnados, así como las restantes actuaciones de preparación de dicha consulta o vinculadas a ella». También se acuerda dar traslado a las partes, dando 20 días a la Generalitat para presentar la documentación sobre la queja que anunció que formularía.

La admisión, dada a conocer casi tres horas después de reunirse el Pleno del TC, es provisional, no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto y el alto tribunal deberá decidir próximamente si prolonga esa suspensión temporal antes de que pase un plazo de cinco meses o, en su caso, la levanta.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy acordó el pasado viernes impugnar ante el TC la citada convocatoria de la Generalitat, decisión que la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó como un intento de «asegurar el Estado de Derecho y proteger la democracia».

Esta era la segunda impugnación que el Gobierno español presentaba ante el TC contra la convocatoria de la consulta soberanista.

El Ejecutivo español ya recurrió la Ley de Consultas que aprobó el Parlament y el decreto que desarrollaba dicha norma y convocaba la primera consulta para el 9N, que quedaron suspendidas el pasado 29 de setiembre.