En 2012 el entonces alcalde de Iruñea por UPN, Enrique Maya, decidió por su cuenta y riesgo reanudar la celebración del Riau-riau, en la tarde del 6 de julio. Hasta sindicatos de la Policía Municipal alertaron de que el clima político y social no era propicio. El acto duró poco; los enfrentamientos entre participantes derivaron en su suspensión. Aunque solo se produjeron algunas contusiones, la Fiscalía ha hecho pública una petición de cárcel «desproporcionada», según ha denunciado hoy en rueda de prensa el colectivo Iruñea Askatasunez: 31 años y medio para cinco personas. El juicio se anuncia para el miércoles 28.

Iruñea Askatasunez hace hincapié en que «sostener que el Riau-riau fue suspendido porque cinco personas lo quisieron es un burdo intento de manipular la realidad». Más allá de ello, recuerda que el cambio político provoca «nuevas condiciones para construir una nueva Iruñea», basada en la convivencia y en evitar aquel tipo de enfrentamientos. «El intento de castigarnos no ayuda a generar el clima idóneo para ello», añaden los afectados.

Estos principios serán desarrollados en una campaña, con una ronda de contactos con agentes políticos, sociales y sindicales que incluirá al actual Ayuntamiento de Iruñea, un manifiesto que se puede suscribir en la web de Iruñea Askatasunez y una concentración en la Plaza Consistorial el sábado 24.

El nuevo Gobierno navarro ya ha dado muestras de su voluntad de reencauzar aquel asunto desistiendo de seguir con la acusación contra un profesor de la Administración, emprendida por sus antecesores del Ejecutivo de UPN.