Gorka Mayo, Iker Moreno, Jon Patxi Arratibel, Gorka Zabala e Iñigo González serán juzgados en la Audiencia Nacional española entre el 14 y el 21 de abril de 2016. La Fiscalía solicita ocho años de prisión para cada uno de ellos bajo la acusación de «pertenencia a banda armada». Fueron detenidos el 18 de enero de 2011, por orden del juez Grande Marlaska, quien les acusó de ser «miembros desdoblados de Ekin».
«El sinsentido de estas acusaciones continúa. Mientras el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo condena al Estado español por no investigar nuestras acusaciones de tortura o el Comité europeo para la Prevención de la Tortura dependiente del Consejo de Europa otorga veracidad a nuestros testimonios, la Audiencia Nacional hace caso omiso de manera deliberada», han valorado en una comparecencia realizada en Katakrak, en Iruñea. Hoy en día, Estrasburgo está estudiando la denuncia por torturas interpuestas por Xabier Beortegi, detenido junto a estos cinco navarros.
Ante ello, han reclamado al Estado español y a la Audiencia Nacional que detengan «esta locura represiva». «En momentos en los que el reclamo de la memoria, la construcción del relato de lo sucedido adquiere especial relevancia, ciudadanos navarros seguimos siendo ajusticiados por nuestra ideología. Esto también forma parte de un relato colectivo, el relato de los horrores del Estado español».
Tras su detención, fueron incomunicados y denunciaron haber sufrido torturas. Unos malos tratos que quedaron reflejados en la declaración de Arratibel, que en su firma escribió la palabra Aztnugal (laguntza/ayuda al revés) en lugar de su apellido. Fue su manera de pedir ayuda, certificar el tormento al que estaba siendo sometido e intentar dejar sin valor una declaración policial con la cual pretendían inculpar a terceras personas y a él mismo. Tras ello, los cinco pasaron 18 meses en prisión preventiva, dispersados en distintas prisiones de Madrid.
Ahora utilizan esta misma palabra para dar nombre a la campaña que han puesto en marcha con el objetivo de enfrentarse a este nuevo juicio político y solicitar ayuda «para finalizar con la lacra de la tortura y resolver el conflicto político». En este sentido, ven indispensable la activación de la ciudadanía: «No existe otra garantía para que desaparezcan medidas de excepción como los juicios políticos que la activación y la unidad de acción de la propia ciudadanía».