«Estas sentencias quiebran el sistema de contratación que se ha ido implantando en las administraciones públicas en Euskal Herria, basado en el fraude y la precariedad», ha subrayado LAB, que considera que en estas resoluciones judiciales «se deja claro que ninguna administración podrá cubrir con personal eventual funciones estructurales del servicio público que proporciona».

Este sindicato indica que se «abre la puerta a la presentación de reclamaciones», pero añade que además de la indemnización, las sentencias suponen que «el o la trabajadora que tengan sucesivos contratos temporales para las mismas tareas o que tenga contratos interinos tiene derecho a consolidarse en ese puesto hasta que se convoque la OPE».

«Son un colectivo muy numeroso. En Educación se cubren más de 6.000 puestos estructurales con trabajadores y trabajadoras no consolidadas. En Osakidetza puede haber más de 15.000 puestos estructurales pero sin consolidar y en la administración de la CAV más de 2.000. Profesoras que un año están en una escuela y al curso siguiente en otra, o enfermeras que encadenan docenas de contratos en los diferentes hospitales», ha enumerado LAB a modo de ejemplos, remarcado que esta «precariedad» afecta de manera negativa «a la calidad de los servicios públicos».

LAB denuncia «la responsabilidad de las personas que durante todos estos años han estado gestionando los servicios públicos», al entender que «han sido cómplices necesarias a la hora de instaurar este modelo fraudulento sustentado en la eventualidad. Creemos que ha llegado la hora de consolidar plantillas».