Amnistía Internacional ha dado a conocer el Bilbo un informe bajo el epígrafe ‘Afrontar el pasado para construir el futuro. Verdad, justicia y reparación en el contexto del País Vasco’, en el que demanda «verdad, justicia y reparación para todas las víctimas de violaciones y abusos de derechos humanos». En el acto, además de responsables de la organización a nivel español y europeo, han estado María Carmen Hernández, viuda del edil del PP de Durango Jesús María Pedrosa, muerto en atentado de ETA; y Axun Lasa, víctima de la tortura y hermana de Joxean Lasa, que han dado testimonio de lo que han vivido y han apostado por dar pasos adelante.

Esteban Beltrán ha abogado por que todas las víctimas de ETA, GAL y otros grupos armados, como las de la tortura, estén en el centro del diálogo en los distintos foros creados en la Cámara de Gasteiz, contando también con la participación activa del Ejecutivo español. El informe no hace ninguna mención a la realidad navarra, asegurando Iñaki Hernando, coordinador de Amnistía Internacional en la CAV, que el análisis y las medidas que se proponen se circunscriben a lo sucedido en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

«Tanto el lehendakari como los representantes de los grupos parlamentarios nos han transmitido que tienen que haber una agenda común. El reto ahora –ha subrayado Beltrán– es pasar de las palabras a los hechos y buscar puntos de encuentro que luego se trasladen a las autoridades centrales. Las víctimas de violaciones y abusos contra los derechos humanos merecen este esfuerzo». En quince días, el colectivo mantendrá distintas reuniones a nivel estatal, entre ellas con el ministro de Interior.

Esa agenda común se apuesta por garantizar «por completo» el acceso a verdad, justicia y reparación para las víctimas de ETA y de otros grupos armados, incluidas las víctimas de los GAL y del BVE. Reclaman que se investiguen judicialmente las acciones de ETA que aún estén sin esclarecer, así como los de otros grupos. La petición de verdad, justicia y reparación la extienden a las víctimas de la tortura y los malos tratos, haciendo que las instituciones autonómicas y españolas reconozcan el daño causado «en el contexto de la lucha antiterrorista».

La agenda de Amnistía Internacional solicita que se garantice que todos los abusos cometidos por fuerzas de seguridad se investiguen. «Debe realizar una auditoría externa de los mecanismos de investigación internos y establecer mecanismos independientes de investigación para graves violaciones de derechos humanos», ha dicho Beltrán, que ha explicado que se han fijado en experiencia en Gran Bretaña y Holanda. Ha apuntado a que en un primer borrador de la Ley de Policía se abordó esa cuestión, aunque luego se quedó en un código de buenas conductas, que no es lo que reivindican.

Asimismo, se demanda que se avance en nuevas iniciativas sobre la sistematización de toda la información disponible sobre abusos y violaciones de derechos humanos cometidos durante estos años. En el caso del Gobierno español, se le pide que recoja datos oficiales «detallados y desglosados». No falta la petición para que se revise el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para adecuarla a los estándares internacional y acabar con el régimen de incomunicación. También se aboga por una revisión de la actual política penitenciaria, acabando con la dispersión.

«Después de tantos años de sufrimiento, España puede avanzar en el reconocimiento de los derechos de todas las víctimas o continuar sin hacerlo. Además, en un contexto internacional difícil tras el endurecimiento de leyes y medidas antiterroristas llevadas a cabo por diferentes gobiernos, sobre todo de Europa, España debe revisar esa legislación para que no provoque una restricción desproporcionada de derechos», ha manifestado Fotis Filippou, director adjunto de Europa de Amnistía Internacional.