Cheikhouna, de 36 años, llegó a Iruñea hace once años. En 2015, la Policía le pidió la documentación mientras se dedicaba a la venta ambulante en Antsoain y como no tenía, fue llevado a comisaría.

Desde el 9 de junio de 2016 pesa sobre él una orden de expulsión de un año, motivo por el que ha pasado por el juzgado.

En el fallo, el magistrado desestima el recurso presentado por Cheikhouna contra la sanción de expulsión que impuso la Delegación del Gobierno español en Nafarroa en 2016. Considera que la cocurrencia de circunstancias de arraigo en su nuevo hogar «no tienen la fuerza suficiente para revocar la resolución», aunque reconoce que la cuestión arroja «serias dudas». Así que el juez no evita la expulsión, aunque no le condena al pago de las costas.

Su caso ha generado una oleada de solidaridad en la Txantrea, barrio iruindarra de donde es vecino. Además del respaldo de numerosos txantreanos, Cheikhouna cuenta con el apoyo de varios parlamentarios y otros cargos de representación, junto al Pleno de Atarrabia, tal y como quedó en evidencia el pasado 27 de abril, cuando declaró en los juzgados de Iruñea. Ese día se celebró una concentración frente al juzgado en la que se pudo ver a parlamentairos de EH Bildu e I-E.

Posteriormente, esas muestras de solidaridad se intensificaron cuando Cheikhouna lanzó el segundo cohete de las fiestas del barrio iruindarra y el pasado domingo, cuando centenares de personas se manifestaron en apoyo de su vecino.

A pesar de ello, el juez ha ordenado su expulsión, decisión que va a ser recurrida, según ha señalado Euskalerria Irratia.