En un auto, la magistrada del alto tribunal catalán Mercedes Armas, que dirige la causa abierta por el 1-O contra el Govern, notifica a la Fiscalía que debe cesar sus actuaciones en relación al referéndum, en virtud del artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que prevé esta medida cuando exista un procedimiento judicial abierto sobre los mismos hechos.

Hasta el momento, la Fiscalía Superior de Catalunya había dictado ocho resoluciones con medidas para evitar el referéndum, entre ellas una en la que ordenaba a los Mossos d'Esquadra que precintaran los colegios electorales.

La magistrada ha notificado esta decisión para que la Fiscalía cese en sus diligencias en un escrito en el que toma el control de la causa sobre el 1-O, al ordenar a los Mossos d'Esquadra, la Guardia Civil y la Policía española que impidan la utilización de locales o edificios públicos para la preparación del referéndum y que obligue a cerrar los que se hubieran podido abrir para la votación.

La decisión de la juez se ha producido el mismo día en que el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha avisado de la dificultad de cerrar centros públicos en funcionamiento, como centros de salud o geriátricos. La magistrada indica que si las votaciones se prevén en edificios con servicios públicos en funcionamiento ese día o en fechas anteriores, solo se clausurarán las dependencias en las que se produzca la votación.

«Se procederá únicamente al cierre de aquellas dependencias en las que se hicieran actos de preparación o fuera a celebrarse la votación el día 1, cuidando de que no se vea afectado el resto de dependencias en las que se deban seguir prestando los servicios que les sean propios», indica.

También ordena a los cuerpos de seguridad, como ya hizo la Fiscalía, requisar todo el material relacionado con la consulta que se pretenda introducir en los locales o ya esté allí, «incluyendo los ordenadores que constituyan el objeto o instrumento de los delitos que se investigan». Otros centros públicos que manda cerrar son los que se usen como «infraestructura logística o de cálculo», como centros de procesamiento, de recepción, de recuento o de gestión de votos.

Para que se garantice el buen funcionamiento de esta actuación conjunta, la magistrada establece que las fuerzas de seguridad responderán al Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, dirigido por Diego Pérez de los Cobos.

La resolución de la magistrada va en la misma línea de las instrucciones que había emitido la Fiscalía hasta el momento. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, pidió ayer al TSJC que apartase «de forma inmediata» a la Fiscalía de la investigación sobre el referéndum del 1-O, al considerar que la había asumido de forma «ilegítima» al existir ya una causa abierta.