Trapero, Laplana, Sànchez y Cuixart estaban citados a declarar como investigados por un delito de sedición –penado entre 8 y 15 años de cárcel– en relación a la multitudinaria concentración del pasado 20 de setiembre en Barcelona durante un registro en la Conselleria de Economía relacionado con el referéndum del 1-O, a raíz de la detención de altos cargos de la Generalitat.

El mayor de los Mossos, vestido de uniforme, ha sido el primero en llegar, alrededor de las 8.30, y minutos más tarde le han seguido Cuixart y Sànchez. Quien no ha acudido ha sido Teresa Laplana, que ha acreditado un problema de salud que le impide desplazarse y declarará por videoconferencia.

La salida también se ha producido en el mismo orden. Primero Trapero, que se ha montado directamente en su coche, y posteriormente Cuixart y Sànchez. La Fiscalía no ha solicitado la aplicación de ninguna medida cautelar. Trapero sí ha contestado a todas las preguntas, mientras que Sánchez sólo lo ha hecho a las cuestiones planteadas su abogado y Cuixart se ha negado a declarar.

Nuevo informe de la Guardia Civil y futura citación

La Guardia Civil ha aportado un nuevo y voluminoso informe –de más de 300 páginas y con multitud de archivos audiovisuales– sobre hechos acontecidos entre el 20 de setiembre y el 1 de octubre. En este atestado estarían implicados Trapero, Laplana, Sànchez y Cuixart.

Según la agencia Europa Press, hasta en dos ocasiones los fiscales Miguel Ángel Carballo y Pedro Rubira han solicitado a la juez la suspensión de las declaraciones previstas para este viernes –petición que no ha sido atendida–, a fin de que tanto ellos como las defensas pudieran estudiar este nuevo informe y, a la vista del mismo, vuelvan a ser citados.

Aún se desconoce la fecha de esas nuevas citaciones, si bien será entonces cuando se decida si se solicita para ellos alguna medida cautelar.

Respaldo de diputados y senadores

Para darles su apoyo se han desplazado hasta el tribunal especial los diputados del PDeCAT Carles Campuzano, Jordi Xuclà, Míriam Nogueras, Lourdes Ciuró y de los senadores Josep Lluís Cleries y Beth Abad, así como los diputados de ERC Tesera Jordá y de En Comú Podem, Marcelo Expósito, y el senador de EH Bildu Jon Iñarritu.

Su intención era acompañar a los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural hasta la puerta de la Audiencia, pero, según ha denunciado el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, la Policía española se lo ha impedido.

«De manera sorprendente nos han dicho que no les podemos acompañar, que nos teníamos que situar detrás de estas vallas», se ha quejado el diputado catalán, para quien se ha vulnerado su derecho a acompañar a los investigados. Ha insistido en que la imputación es «injusta» y ha recalcado que lo que ocurrió el 20 de setiembre fue un «allanamiento» de las oficinas gubernamentales por las FSE.

«Me pareció un día negro en la historia de España que se allanasen las oficinas del Gobierno de Cataluña y detuviesen a 14 personas», ha afirmado Campuzano, para quien «aquel día España demostró de nuevo que está más cerca de Turquía que de la Unión Europea».

Marcelo Expósito, de En Comú Podem, ha calificado de «disparate político ilimitado» las imputaciones de Sànchez y Cuixart por «haber ejercido su derecho a la libertad de expresión» y ha dicho que son un síntoma del «grado de enconamiento» al que se ha llegado por la «cerrazón» del PP.

En el mismo sentido, se ha expresado el senador de EH Bildu Jon Iñarritu, que ha lamentado además las «medidas de excepción» que se han impuesto los parlamentarios en la AN.