Tres meses después de que comparecieran por primera vez en el juzgado, entonces por el asunto de los 900.000 metros cúbicos de tierra que no estaban en el depósito de Basagoiti-2, los tres imputados por la liquidación de la AP1 volvieron ayer a testificar ante el juez de Azpeitia. Se debe a la ampliación de la querella tras la aparición de seis nuevas irregularidades, acreditadas por las empresas Ingeotyc y Euskontrol. La más conocida consiste en que la cantidad de hormigón en los túneles por la que Bidegi pagó a las constructoras era muy superior a la real.

En la primera declaración, los imputados atribuyeron el tema de la tierra a «un desliz», pero ayer esta tesis resultaba ya imposible al generalizarse los indicios. Así las cosas, Agustín Zugasti (que era director técnico de Bidegi), Joan March (director de obra) e Iván Fernández de Landa (representante de la empresa de ingeniería) recurrieron a intentar descalificar el trabajo de Ingeotyc y Euskontrol. La defensa deja caer que podría presentar otra pericial para intentar justificar que las mediciones (y por tanto los pagos realizados) no se falsearon.

El fiscal no acudió

A la espera de que se resuelva el asunto técnico de fondo, los tres imputados también fueron preguntados sobre por qué la liquidación del tramo acabó sumando 151 millones de euros cuando la dirección de obra anteriormente había fijado el tope en 127. Zugasti, March y Fernández de Landa –cuya versión estuvo totalmente alineada– no aportaron ninguna explicación clara.

Ante las sucesivas preguntas, dieron a entender que hubo conversaciones y documentación posterior que no consta (la obra había acabado en 2009 pero la liquidación final se hizo en junio de 2011, a seis días de la llegada del Gobierno de Bildu). Y se escudaron en que básicamente la cantidad fue subiendo por la escalada de demandas de las constructoras.

Tampoco dieron respuesta a la evidencia de que algunas mediciones de la liquidación son imposibles en términos físicos. Por ejemplo, en un túnel de apenas 40 metros Bidegi pagó por la extracción de tanta tierra que compondría una columna de 1.900 metros de altura, un monte del Pirineo según denunció la diputada Larraitz Ugarte. Lo mismo pasa en otros conceptos.

La querella de la Diputación considera que por todo ello Bidegi pagó 13,6 millones de más, y advierte en consecuencia una posible malversación de caudales públicos, además de falsedad documental. Existe una segunda querella relativa a otro tramo (Eskoriatza-Arlaban) y liquidada en la misma fecha, donde se aprecia que se abonaron 17 millones de modo indebido, parte de ellos por el tramo alavés.

El inminente relevo en Diputación de Gipuzkoa, con el retorno de Markel Olano, deja muchas incógnitas sobre el futuro de estas dos querellas. Y también la actitud de la Fiscalía, que ayer ni siquiera acudió a la toma de declaración de los tres imputados (en marzo sí estuvo).