Europa baraja obligar a separar lo orgánico y gravar al que contamina
El Parlamento Europeo debate un informe, ya aprobado en la Comisión de Medio Ambiente, donde se recoge el deseo de instaurar una economía circular. Se contempla obligar a separar la materia orgánica para 2020, limitar la incineración a los residuos no reciclables y gravar fiscalmente a quien más contamina. Estos no recibirían subvenciones.
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El viejo continente quiere dejar atrás la economía lineal –coger, hacer, consumir, eliminar–, para caminar hacia una economía circular, donde los materiales se recogen, reciclan y emplean para hacer nuevos productos. Por el propio diseño de su sistema, para este modelo no existen los residuos y solo se utilizan materias primas vírgenes –renovables o no– cuando no se dispone de materias primas secundarias.
El sistema arriba expuesto es el que defiende y desgrana el documento que mañana se vota en el Parlamento Europeo. Titulado «Sobre el uso eficiente de los recursos: avanzar hacia una economía circular», de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, el texto propone la aplicación de pago por generación de residuos, la obligación de recoger de forma selectiva lo orgánico a más tardar en 2020, o la limitación de la incineración, con o sin recuperación de energía, estrictamente a los residuos no reciclables y no biodegradables para dentro de cinco años.
El europarlamentario Josu Juaristi, cree que el informe tiene buenos criterios y objetivos, como el ciclo de vida sostenible del producto y el residuo cero. «Reclama con acierto objetivos vinculantes allí donde hace falta y con quien hace falta», declaró a GARA tras su intervención en la sesión de debate de ayer.
Ante la cámara, puso como ejemplo a Gipuzkoa, «un pequeño territorio de Euskal Herria donde llevamos recorriendo ese camino desde hace años, cumpliendo en 2015 objetivos que aquí se plantean para 2020. Es decir, es perfectamente posible», defendió.
La votación tendrá lugar mañana y, en caso de aprobarse, la Comisión Europea tendrá que atender los requerimientos para configurar su estrategia. Juaristi no cree que haya sorpresas desagradables en la votación y piensa que saldrá adelante. Sí duda sobre la vinculación o no de los objetivos. En cualquier caso, el hecho de que ayer estuvieran presentes Frans Timmermans, vicepresidente primero de la Comisión Europea; y Jyrki Katainen, vicepresidente de la Comisión Europea encargado de Empleo, Inversión y Competitividad «es revelador».
Deberes inmediatos
Teniendo en cuenta que Europa es más dependiente de los recursos importados que cualquier otra región mundial e importa el 40% de los materiales que utiliza, se aboga, entre otros aspectos, por fomentar el suministro sostenible de materias procedentes de fuentes europeas y desvincular el crecimiento económico del consumo de recursos.
Algunas de las peticiones son inminentes, porque el documento insta a la Comisión a que revise su legislación en materia de residuos a más tardar a finales de este 2015 y que incluya, además de lo expuesto sobre la materia orgánica y la incineración, «un incremento de los objetivos de reciclado hasta alcanzar en 2030 al menos un 70% y la reducción obligatoria y progresiva del vertido de residuos en tres etapas –2020, 2025 y 2030– hasta desembocar en la prohibición total del depósito en vertederos excepto para algunos residuos peligrosos».
Los objetivos, además, se aplicarían a todos los estados miembros en aras de evitar, por ejemplo, «el traslado de residuos a países con normas medioambientales y sociales menos estrictas que las de la Unión Europea».
Mientras se habla de gravar fiscalmente a quien más contamina, se baraja un IVA reducido para los productos reciclados, reutilizados y eficientes en el uso de los recursos. Por último, pide que toda la financiación de la UE, de los fondos de cohesión y del BEI sean para fomentar el uso eficiente de los recursos, y que se supriman las perjudiciales para el medio ambiente, como la obtención de energía tras la incineración de materia biodegradable.
A los beneficios medioambientales se le suman los económicos. El incremento de la productividad de los recursos en un 2% anual crearía 2 millones de puestos de trabajo para 2030 en la UE, y la mejora del uso de los recursos podría suponer ahorros netos para las empresas, autoridades públicas y consumidores de 600.000 millones.
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