David Soto y Walter Wendelin son dos de los procesados en el juicio que comenzará el próximo día 19 en la Audiencia Nacional española. Junto a ellos, serán enjuiciados Gabi Basañez, Unai Vázquez y Aritz Ganboa. Se enfrentan a una petición de seis años de cárcel cada uno por su trabajo en el ámbito del internacionalismo, en un nuevo proceso para criminalizar la actividad política en Euskal Herria. Asimismo, la Fiscalía demanda la ilegalización de Askapena, la comparsa bilbaina Askapeña, la empresa de comercio justo Elkar Truke y la asociación Herriak Aske. Actualmente, se encuentran inmersos en un frenético trabajo de denuncia del juicio al que se enfrentan, que se ha convertido en un proceso al Estado imperialista español, con decenas de juicios populares en Euskal Herria y otros países. Esta dinámica concluirá el simbólico 12 de octubre en Iruñea, con una marcha de pueblos libres que partirá de Antoniutti y en la que se dará a conocer el veredicto de estos juicios populares.

El juicio de Askapena viene precedido por numerosos juicios políticos, pero este proceso tiene unas características propias. Se castiga al internacionalismo.

DAVID SOTO: Una de las cosas que se ha buscado siempre desde que se abrió esta fase de juicios políticos ha sido que cada una de las personas u organizaciones imputadas buscase su referencia natural para responder. En algunos casos ha sido relativamente sencillo y en otros ha sido más complicado. Si te acusan de ser militante de Ekin e ilegalizan Ekin es evidente que es mucho más difícil que trates de activar a nadie para reivindicar esa militancia. En el caso de Askapena o en otros casos, como el de “Egunkaria” o “Egin”, es más sencillo porque no son organizaciones que estén ilegalizadas y además tienen un apoyo social. Es fácil de entender el trabajo que realizan y en qué clave trabajan. Desde ese punto de vista, es mucho más fácil tratar, de manera natural, de llegar a tu sector natural, en este caso el internacionalismo.

WALTER WENDELIN: Es cierto que el juicio contra Askapena hay que contextualizarlo en toda la dinámica de los juicios políticos, pero es evidente también que Askapena tenía un trabajo propio que hacer y una dinámica propia que trata de activar. Desde el principio hemos dejado claro que el contexto en el que se produce la operación contra Askapena está marcado fundamentalmente por la confrontación entre el Estado español y la izquierda abertzale. Fue un otoño, el de 2010, en el que hubo cuatro operaciones policiales diferentes en las que trataron de condicionar el debate interno que estaba haciendo la izquierda abertzale. Querían mandar un mensaje directo de que solo había dos alternativas: la rendición o acabar en prisión. La izquierda abertzale escogió un camino en el que todavía queda mucho por explorar. Es un camino para ganar las reivindicaciones que históricamente hemos mantenido. Eso al Estado español, evidentemente, no le gusta, con lo que optó por mandar continuamente ese mensaje: prisión, prisión, juicios, condenas y demás.

D.S.: Posteriormente, se ha visto que el Estado español tenía un camino hecho de investigar a Askapena y al modelo de internacionalismo que defiende Askapena. Además, había buscado la complicidad de otros estados y se hicieron seguimientos a brigadistas, presiones para que fuera expulsados de diferentes sitios... El hecho de aparecer sistemáticamente, por el mero hecho de ser militantes internacionalistas, en la lista de los que hay que poner en cuarentena, al final nos obliga a hacer peripecias para poder hacer muchas cosas. Así las cosas, ubicamos el juicio en un contexto muy claro, pero a partir de ahí el Estado ha planteado claramente que, además de eso, ha ido a intentar obstaculizar lo más posible el trabajo en una clave internacionalista que le incomoda como Estado porque pone en cuestión su talante democrático y plantea un modelo social diametralmente opuesto al que defiende.

Pese a la criminalización y el juicio, con demanda de ilegalización incluida, la labor internacionalista de Askapena no se ha detenido.

D.S.: Esta es una de las claves con las que hemos trabajado desde el principio. Nada de lo que haría el Estado para intentar frenar el internacionalismo le podía dar resultado, fundamentalmente porque el internacionalismo que se practica en Euskal Herria no depende de que exista una organización. Es algo que está completamente arraigado en nuestra cultura política desde hace muchísimos años. Muchísimos años antes de que existiese Askapena existía el internacionalismo en Euskal Herria. Askapena es un instrumento, que es referente dentro y fuera de Euskal Herria, pero este operativo, si tiene que servir para algo, no es para poner fin al internacionalismo sino para activar a cuantos más sectores mejor.

En la primera ronda que hicimos con diferentes partidos y movimientos sociales, dejamos claro que íbamos a hacer una apuesta por mantener a Askapena tal y como la conocemos, pero que podía darse el caso de que acabase ilegalizada. Había que buscar desde ya los compromisos para que eso en ningún caso suponga un freno al internacionalismo. Lo que está pasando en Siria nos coloca en un nivel previo al internacionalismo, que es el de la solidaridad humanitaria, pero hay un trasfondo político en todo lo que está pasando en este momento. Es la Europa que se niega a admitir refugiados y tenemos que aspirar a un modelo europeo completamente diferente que abra sus puertas a todas las personas que vengan aquí a trabajar. Las alternativas no pueden ser descafeinadas, tienen que ser alternativas reales que supongan soluciones a los problemas.

Han mantenido contactos con otros grupos internacionalistas de cara a organizar la respuesta al juicio. ¿Qué valoración hacen?

W.W.: La respuesta ha sido positiva. Nadie nos ha contestado con el rechazo. En Euskal Herria hicimos una primera ronda en la que conseguimos que sectores que hasta ahora no habían interiorizado como propio el ataque a los derechos civiles y políticos que suponen los juicios asumiesen que en este caso les tocaba porque es un espacio que comparten con Askapena.

Nos conocemos y hemos compartido reuniones y movilizaciones. Veían que si ilegalizan a Askapena no es por sus supuestas relaciones con no se sabe quién, sino por organizar brigadas y la solidaridad con Euskal Herria. Cualquiera que organice brigadas sabe que pueden utilizar el precedente de una eventual ilegalización de Askapena para atacar a cualquier brigadista en cualquier parte del mundo.

D.S: Fuera de Euskal Herria, la gente con la que mantenemos una comunicación más fluida entiende perfectamente la razón por la que intentan buscarnos. En una parte de las acusaciones, el fiscal viene a plantear que Askapena realiza una labor de denuncia de vulneraciones de derechos humanos que se realizan en el Estado español que ponen en cuestión su carácter democrático. Pero lo que Askapena denuncia lo han denunciado también organizaciones de derechos humanos internacionales que han elaborado informes que recogen estas vulneraciones. La gente que nos conoce sabe perfectamente que desde el momento en el que denuncias y te comprometes corres el riesgo de acabar en un proceso de este tipo. En general, la gente, sabiendo que eso podía pasar, ha tenido el compromiso de hacer piña con nosotros.

A nivel exterior, se nota que esto es distinto a la pauta que hasta ahora ha seguido el Estado español para ilegalizar organizaciones. Hay un intento de frenar una actividad política. La coyuntura permite también tantear a espacios nuevos para paralizar un bloqueo que está buscando poner fin a las soluciones al conflicto, en el que se enmarcan los juicios políticos, la situación de los presos o el desarme. En este sentido, es muy importante contextualizar el juicio de Askapena no como algo aislado, sino dentro de ese paquete de soluciones que se requiere.

«El Estado español tiene una defensa complicada»

A la hora de articular la respuesta al juicio, le han dado la vuelta a la situación y «los juzgados han pasado a ser jueces del Estado imperialista español».

D.S.: Es una filosofía de trabajo que ya se utilizó en el 18/98. Hubo una parte de la defensa que se centró en la campaña J’Accuse, que pretendía destacar que el Estado intentaba juzgar por actividades políticas y se acusaba al Estado. Entonces la campaña era mucho más genérica, no se especificaban las acusaciones al Estado. En este caso, sí que se hace una acusación concreta desde una perspectiva internacionalista para decirle al Estado que no tiene legitimidad para juzgarnos y que, en todo caso, quien tendría que sentarse en el banquillo de los acusados sería el propio Estado como aparato represor, imperialista y vulnerador de derechos humanos, civiles y políticos.

El Estado español, en este caso por lo menos, tiene una defensa muy complicada porque tiene una historia que más que de orgullo le debería llenar de vergüenza. Es importante destacar que la historia de los poderes del Estado español, no de sus pueblos, está plagada de nombres y hechos que no se caracterizan por un talante democrático sino por todo lo contrario. Nosotros, en cambio, nunca hemos ido a enterrar culturas, ni a imponer nada ni a enseñar algo a personas de quienes tendríamos mucho que aprender. Cuando hemos salido fuera de Euskal Herria hemos ido a hacer justo lo contrario que ha hecho el Estado español en toda su historia.

En Euskal Herria, han sido unas cuarenta las dinámicas que se han creado, lo que no es sencillo. Acabamos de iniciar un curso político marcado por varios ciclos electorales y también por procesos de cambio en ayuntamientos y otras instituciones. Son un montón de cosas a la vez. Optamos por lo difícil. En vez de hacer una convocatoria nacional, lo que es relativamente sencillo y a lo que estamos acostumbrados, hemos optado por ir a preguntar a la gente qué valoración hacía del trabajo de Askapena, de su organización y de la necesidad del internacionalismo en nuestro proyecto político. Intentamos que ese compromiso y solidaridad con Askapena no se reflejase en un único foco, sino que tuviera múltiples focos.M.D.