Desde Arnaldo Otegi al exalcalde de Amurrio de EA y de jovenes independentistas a Periko Solabarria, pasando por personas que han firmado artículos de prensa, plantado robles en recuerdo a víctimas, escrito tuits, pintado murales... La aplicación del delito de «enaltecimiento del terrorismo» se ha disparado en su alcance en estos últimos años en Euskal Herria, a rebufo de la llamada «batalla del relato». Pero es ahora cuando la polémica ha saltado al conjunto del Estado, después de que el sábado dos titiriteros fueran encarcelados de modo fulminante tras un guiñol para niños en el carnaval del barrio madrileño de Tetuán, donde enseñaron un cartel escrito a mano que decía ‘‘Gora Alka-ETA’’.

Los aparatos judiciales y el PP se han quedado solos defendiendo tal decisión, mientras crecen las voces que ponen en tela de juicio el encarcelamiento y también el tipo penal mismo. Si bien el Ayuntamiento de la capital española se ha desmarcado, para la plataforma que lideró la alcaldesa Manuela Carmena, Ahora Madrid, carece de cualquier sentido que «una sátira pueda confundirse con enaltecimiento». También la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, estima que «una torpeza no es un delito. La sátira no es un delito. En una democracia sana, en un Estado de Derecho, hay que proteger toda libertad de expresión, hasta la que no nos guste, hasta la que nos moleste».

Este tipo de argumentos fueron usados hace ahora un año por las propias autoridades españolas para apoyar al semanario satírico francés ‘‘Charlie Hebdo’’ tras la matanza yidahista en su sede de París. Durante el pregón del barrio madrileño en que ha saltado la polémica, el sábado noche, se lanzaron mensajes de ‘‘Je suis Títeres desde Abajo’’, en apoyo a la compañía a la que pertenecen los dos encarcelados, Raúl García Pérez (34 años) y Alfonso Lázaro de la Torre (29).

El ministro de Interior español, Jorge Fernández Díaz, replicó a Colau que «no es digno de una alcaldesa de Barcelona defender la apología del terrorismo», por lo que le instó a «callarse o decir otra cosa».

Criticado en el exterior

Aunque el debate haya saltado a los medios y la arena política estatal por un episodio banal y quizás tenga poco recorrido, lo cierto es que este tipo delictivo del Código Penal español está en entredicho en el ámbito jurídico internacional hace tiempo. Sin ir más lejos, en 2010 la Asociación Americana de Juristas y el Institute for Planetary Syntesis, organizaciones consultivas de la ONU, remitieron a la Secretaría General de Naciones Unidas un documento para que se exigiera al Gobierno español que acotara esta cuestión. Para estas asociaciones, la tipificación actual es «imprecisa» y va sufriendo «un deterioro gradual» al aplicarse a casos que «no constituyen violencia grave. Tal exasperación punitiva se utiliza para cualquier acto, a fin de atraerlo a la esfera de lo terrorista», denunciaron.

Antes ya se habían posicionado en un sentido similar entidades como el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitarias de la ONU, el mismo que ahora ha dado la razón a Julian Assange (Wikileaks). El asunto vasco llamó la atención internacional por los dos juicios sufridos entonces por Arnaldo Otegi por «enaltecimiento», a cuenta de sus intervenciones en homenajes a José Miguel Beñaran Argala y Joxe Mari Sagardui Gatza.

En los últimos años, el recurso a esta acusación en Euskal Herria ha aumentado, por un factor político (el afán de vetar el relato de la disidencia vasca) y otro tecnológico (la proliferación de mensajes en las redes sociales). Así, la Fiscalía General del Estado indica en su última memoria, relativa al año 2014, que en relación con ETA abrió 33 procedimientos fiscales por «enaltecimiento»; 27 fueron cerrados al no hallarse delito o autores, pero los seis restantes dieron pie a querellas.

En ese mismo ejercicio, en la Audiencia Nacional se llevaron a cabo cinco juicios por «enaltecimiento a ETA», con un total de 19 personas acusadas. El Código Penal español establece para este delito una pena de cárcel de entre uno y dos años.