Quién no se acuerda de las imágenes de doble sentido que nos enseñaban de pequeñas? Esas en las que en un primer vistazo veíamos una imagen, pero fijándonos durante unos segundos nos llevaban a ver otra. Esa en la que al principio vemos la cara de una anciana y después la espalda de una mujer joven que posa de lado; o esa en la que al principio vemos una copa para a continuación ver la silueta de dos caras que están frente a frente, por ejemplo. Pues creemos que con los servicios públicos de nuestro país sucede algo similar.

En los últimos años los servicios públicos que se ofrecen en este país se han hecho conocidos por su buena calidad. Los responsables políticos han tomado para sí esta responsabilidad vendiendo una y otra vez esa lectura benevolente. Es sabido que la diferencia entre bueno y malo suele variar en función de la comparativa que se haga y que cuando se hace esa lectura positiva, se mira a la situación de los servicios públicos de las comunidades del resto del Estado más que a los de los países que deberían servirnos de referencia. No es intención de este artículo profundizar en esta escala de valoración que no hace más que dejar en evidencia la mediocridad de nuestros responsables políticos. Mucho menos cuando tenemos a miles de trabajadores y trabajadoras públicos que en el día a día hacen un esfuerzo admirable por intentar mejorar los servicios públicos que ofrecen a la ciudadanía.

Este mensaje optimista, impulsado desde las instancias oficiales, lo han difundido unido a un segundo, el referido a la situación privilegiada de este colectivo. En este momento en que las diferentes reformas están regulando el mercado laboral en función de la ley de la selva, se quiere revestir a los trabajadores y trabajadoras públicos con tópicos como los buenos sueldos, trabajo estable y puestos que tienen poca carga de trabajo. Esa tendencia no es nueva; es tan antigua como las medidas tomadas en los años 80 por las administraciones de Thatcher o Reagan para desregular el ámbito público. Pero estas ideas que durante años han ido calando como la lluvia en la sociedad han cumplido su función cuando ha llegado la crisis más grave de las últimas décadas, intentando darle un plus de legitimidad social a las duras medidas tomadas contra estos trabajadores y trabajadoras públicas.

Pero como decía la canción de Ruper, en los servicios públicos también se ha roto el ánfora. Se nos han empezado a caer una serie de mitos; ante esos servicios públicos que en un momento se nos aparecían como admirables, empieza a aparecer una imagen que no veíamos al principio. Las tasas de interinidad están en máximos históricos, situándose en niveles de más del %35 en sectores como Osakidetza; las jornadas parciales han aumentado, multiplicándose los trabajadores y trabajadoras con ingresos que a final de mes no llegan a un sueldo digno de 1.200 euros; no son pocos los trabajadores y trabajadoras que a final de mes llegan a firmar más de una docena de contratos, aceptando ofertas de unos días u horas y quedándose al lado del teléfono a la espera de cuándo volverán a llamar. Además en muchos casos también hay trabajadoras y trabajadores que tienen que realizar cientos de kilómetros todos los días para realizar estas jornadas reducidas, siendo las listas de educación pública uno de los casos más graves. Las mujeres que se dedican a la atención de nuestros mayores o enfermos en muchos casos viven esclavizadas con sueldos inferiores a 800 euros a jornada completa, y un largo etcétera.

Ante esta realidad, algunos nos quieren seguir haciendo ver la primera versión de esa imagen de doble sentido que componen los servicios públicos. Esa que quiere remarcar la excelencia de la calidad de los servicios y la situación privilegiada de las y los trabajadores de los mismos. Pero como se suele decir, la realidad es tozuda y, en contra de lo que algunos quisieran, sale a flote una y otra vez; ahora, además, de manera más cruda que nunca. No se puede ocultar que las Ofertas de Empleo Público que se están poniendo encima de la mesa últimamente en muchos casos solamente van a cronificar tasas de interinidad de más del 25%. No se puede ocultar que las partidas aparentemente astronómicas que se destinan en los presupuestos a servicios públicos van destinadas en gran medida a seguir llenando los bolsillos de los responsables amigos de las subcontratas y a mantener la situación de miseria de los trabajadores y trabajadoras de las contratas. Tras quitar una serie de días de libranza que correspondían a este colectivo, recuperar algunos de ellos intentando venderlo como la medida estrella a favor de estos, además de ser un gran ejercicio de demagogia, es señal de la falta de altura de miras de los responsables políticos en torno a las necesidades del sector público.

El sector público que durante años se nos ha querido vender como el jardín del Edén ahora nos enseña otra cara. Subcontratación, diferentes escalas salariales, interinidad, jornadas parciales... en dos palabras, la precariedad se ha impuesto. Pero eso no es problema de unos pocos, algo que está en la periferia de la realidad, es la anormalidad que quieren normalizar. Por eso, en esta realidad de doble sentido vamos a poner a la luz lo que quieren mantener oculto. Porque en los servicios públicos no es oro todo lo que reluce.