El Ayuntamiento de Angelu, en colaboración con los servicios de la Inspección Académica de Pirineos Atlánticos ha puesto en marcha un dispositivo de apoyo sicológico dirigida a los padres y madres de alumnos para contrarrestar el posible efecto de sicosis tras la agresión sexual sufrida por un niño de 7 años escolarizado en una de las escuelas de la localidad labortana.

La madre del menor denunció la presunta violación que se produjo el 22 de noviembre en los baños del establecimiento escolar después de que su hijo se quejara de dolor cuando hizo sus necesidades.

Según trascendió de fuentes de la investigación citadas por “Sud Ouest”, el relato que efectuó la víctima a la Brigada de menores de la comisaría de Baiona fue «muy coherente» y la «realidad de los hechos no puede ponerse en duda».

El menor a quien le hicieron un examen médico apuntó a un monitor de actividades extraescolares como presunto autor de una «penetración digital anal». El sospechoso, de 36 años, que lleva dos años trabajando en la escuela fue detenido el pasado viernes. Considerando que había suficientes elementos para imputarlo por abusos, el fiscal y el juez de instrucción pidieron su ingreso en prisión si bien el Juez de las libertades y la detención decidió dejarlo en libertad bajo control judicial a la espera de los resultados de los análisis de ADN.

Seguirá en prisión

Por otro lado, el Tribunal de Pau denegó el martes la demanda de libertad provisional del presunto autor de una agresión en grupo con violación, golpes y robo a una mujer el 30 de julio de 2014 en un hotel de Baiona que se encuentra en prisión a la espera de juicio.

El fiscal se mostró contrario a su puesta en libertad y argumentó, entre otros, las consideraciones del imputado respecto a la práctica ocasional de prostitución de la agredida que llegó a afirmar que «de todos modos, a una puta no se la viola».

Los jueces han estimado que no hay suficientes garantías de que el acusado, nativo de Donibane Lohizune, se presente en el proceso y que además, dados sus antecedentes, podría entrar de nuevo en contacto con la víctima y alterar el orden público.