Los activistas vascos Mikel Zuluaga y Begoña Huarte, arrestados el martes en el puerto griego de Igumenitsa cuando intentaban cruzar en ferry el mar Adriático junto a ocho refugiados, quedaron ayer en libertad bajo fianza de 2.000 euros cada uno acusados de «favorecer la inmigración ilegal» y de «imprudencia grave para la integridad de las personas refugiadas», al llevarlos en un espacio reducido. La jueza les impu- so un plazo de pago de doce días y la prohibición de abandonar Grecia mientras no lo hagan.

La abogada que ha ejercido su defensa en Grecia, Emanuela Vanuxaki, admitió que la gravedad de los delitos imputados complicaba lograr su liberación, según recogió el periodista de TeleSUR Hibai Arbide en Twitter, lo que finalmente se consiguió bajo fianza. Se desconoce la fecha del juicio, que será en Corfú.

Según fuentes de la defensa, la jueza aprobó su puesta en libertad al no constatar riesgo de fuga, pues en su declaración ante el tribunal ambos dejaron claro que su intención es precisamente poder comparecer para hacer pública su causa.

Zuluaga y Huarte recalcaron que la intención de esta acción de desobediencia civil era denunciar las políticas europeas hacia los refugiados. En el vídeo grabado ante una eventual detención, reconocían la «ilegalidad» de su iniciativa, que era de carácter puramente político y humanitario, y manifestaban que asumen las consecuencias.

Un abogado de Igumenitsa le comentó a Arbide que «en diez años que llevo aquí es la primera vez que alguien va a reivindicar una acción así». El abogado Alkis Fatsis, que ayer se sumó a la defensa, fue tajante al señalar a TeleSUR que «sólo con acciones como la suya se han conseguido derechos».

Mientras duró su declaración, en el exterior de los juzgados de Igumenitsa activistas griegos y cooperantes del Estado español que ayudan en campamentos de refugiados cercanos se concentraron junto a miembros de Antarsya, anarquistas, Unidad Popular y excargos de Syriza, para manifestarles su apoyo y condenar las políticas inhumanas de Europa con pancartas en griego y euskara que decían: «La solidaridad es un derecho. La solidaridad no es delito».

Al dejar la sede judicial, Zuluaga agradeció a los presentes su apoyo, pero añadió que ahora quieren «salir del foco, porque lo importante son los refugiados». Huarte, por su parte, afirmó que aunque en esta ocasión la acción no ha salido bien lo intentarán de nuevo.

«Volveremos a intentarlo», subrayaron ambos.

En declaraciones a TeleSUR, el único medio presente, se mostraron satisfechos con el impacto de su iniciativa que, dijeron, no habría sido necesaria si el Gobierno español cumpliera sus compromisos respecto a la acogida de refugiados.

Nada más quedar en libertad tras tres días detenidos, los dos activistas vascos fueron a la autocaravana a buscar comida para llevársela a las personas detenidas en el CIE del puerto.

Zuluaga y Huarte fueron detenidos el martes por la noche en el puerto de Igumenitsa, en el noroeste de Grecia, cuando se disponían a subir con una autocaravana a un ferry para cruzar hacia Italia. En la habilitada bodega del vehículo viajaban ocho refugiados que pretendían traer hasta Euskal Herria.

Durante la vista de ayer, compareció como testigo uno de ellos, el afgano Rahin –ya que la jueza consideró suficiente un testimonio y rechazó la declaración del iraní Behrouz–. Rahin explicó a TeleSUR que ante la juez había dejado claro que en ningún momento se sintió en peligro, porque la ventilación del habitáculo en el que iban estar mientras cruzaban los controles –el resto del tiempo irían en asientos– «era buena y me sentía muy seguro».

«Crueldad» policial

En una grabación difundida por Arbide a través de Twitter el jueves, Behrouz y Rahin sí denunciaron la «crueldad» y la «violencia» con la que la Policía les sacó a golpes del habitáculo de la autocaravana.

Seis de los ocho refugiados que viajaban en la autocaravana con los activistas vascos quedaron inmediatamente en libertad el martes por la noche al considerarse que no habían cometido delito alguno. Los dos restantes, de nacionalidad paquistaní, que no habían tramitado su petición de acogida, han permanecido detenidos en el CIE del puerto. Iban a quedar en libertad tras tramitar su solicitud.

Ayer se sucedieron también las concentraciones de apoyo en varios puntos del Estado español, la ciudad griega de Tesalónica y en Euskal Herria, donde cientos de personas aplaudieron en Bilbo, Gasteiz y Donostia su libertad, reivindicaron que «la solidaridad no es delito» y denunciaron el mantenimiento de las imputaciones cuando los refugiados «saben perfectamente que lo que pone en peligro sus vidas son la pobreza, los conflictos ambientales y las guerras de las que escapan, así como las restricciones a sus movimientos con leyes injustas e inhumanas».

«Europa, canalla, abre la muralla», corearon en la capital vizcaina, donde hubo representación política, como los parla- mentarios de EH Bildu Jasone Agirre, Iker Casanova y Jone Goirizelaia. Allí, la plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak insistió en que «tenemos que abrir las fronteras desde la legalidad o desde la desobediencia», y al mismo tiempo trabajar en los entornos cercanos para que los refugiados, una vez reubicados, puedan desarrollar sus vidas.