Las organizaciones sociales y sindicales que forman la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria pidieron ayer que el incremento del 8% establecido para el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se aplique también a las prestaciones gestionadas por Lanbide, como son la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), el complemento de pensiones o las ayudas al alquiler.

La Carta advirtió de que «las políticas antisociales que el Gobierno Vasco viene aplicando están dando lugar a un empobrecimiento generalizado de la población» y que «la distribución de la riqueza es cada vez más injusta». Por ello, y dado que defiende un modelo de sociedad que ponga en el centro el sostenimiento de la vida, considera que la subida del 8% percibida en el SMI debería aplicarse a la RGI y al resto de prestaciones gestionadas por Lanbide.

«Las diferentes prestaciones gestionadas por Lanbide se encuentran vinculadas al Salario Mínimo Interprofesional: cualquier aumento en el mismo se debe trasladar automáticamente según la Ley 18/2008 del 23 de diciembre para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social», recordaron.

Sin embargo, denunciaron que ayer, 30 de enero, día en que se realizan los pagos de las ayudas, «64.000 familias perceptoras de las prestaciones sociales» vieron materializada la decisión de la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, de no aplicar el incremento de ese 8% «al cual tienen derecho» porque «por ley es de obligado cumplimiento», como explicaron en un rueda de prensa.

Cambiar la situación

La Carta explicó que las afirmaciones que se utilizan para justificar estos recortes sociales «son totalmente falsas». Según estas organizaciones, una de las razones dadas para no aplicar el 8% de subida a las ayudas es que «no podemos subir la RGI y desincentivar el acceso al mercado laboral». Es decir, que, si subieran las ayudas, la gente preferiría dejar de buscar empleo. Sin embargo, los denunciantes opinan que esto no es así. «Según datos de Lanbide, el 20% de las unidades de convivencia que reciben ayudas tienen un empleo precario y complementan su salario con la RGI; el 25% de las prestaciones son destinadas a sufragar pensiones de pobreza; otro 20% completan subsidios de desempleo de escasa cuantía producto de la actual situación de precariedad».

Por ello, los colectivos de la Carta Social opinan que no es suficiente rechazar lo que está pasando e instan a las administraciones a que cambien la situación construyendo un modelo socio-productivo en Euskal Herria basado en la cobertura de las necesidades básicas, así como en la redistribución de la riqueza, la universalidad de los derechos y la igualdad entre mujeres y hombres.

La pobreza energética afecta a 117.000 personas en Gipuzkoa

El Observatorio de la Pobreza Energética de Gipuzkoa ha iniciado ya su andadura con el objetivo de contribuir a disminuir la factura de la luz de los hogares de este territorio, donde el 19,2 % de la población –es decir, 117.045 personas– se encuentra en una situación de vulnerabilidad o de pobreza energética.

Responsables de la Diputación presentaron ayer en rueda de prensa este observatorio, cuya página web ofrece información sobre las medidas para paliar esta situación. GARA