La Audiencia Nacional ha solicitado la lista de todos los profesores y trabajadores del curso 2016/2017, y la filiación completa con identidad, fecha de nacimiento y dirección de todos los alumnos y alumnas que este curso y el pasado han estado matriculados –según consta a GARA– al menos a uno de los institutos que Covite denunció por la celebración de actos de recuerdo el pasado 27 de setiembre por el Gudari Eguna.

Cabe recordar que la totalidad de los alumnos cuyos datos han sido requeridos por la Audiencia Nacional son menores de edad.

Como cada año, el pasado 27 de setiembre, a lo largo y ancho de Euskal Herria se conmemoró el Gudari Eguna, fecha que coincide con el aniversario del fusilamiento en ese día de 1975 de los miembros de ETA Juan Paredes Manot Txiki y Angel Otaegi. Aquella misma madrugada también fueron ejecutados por el franquismo los militantes del FRAP José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz.

Desde entonces, en ese día se han sucedido los actos de recuerdo a estos fusilados como a otros militantes muertos, bien por medio de movilizaciones populares, bien incluso en actos con participación institucional.

Tal vez por su difusión a través de las redes sociales o por algún otro motivo, este año Covite llamó la atención sobre la celebración de actos en dos institutos guipuzcoanos. De uno de estos actos consta un vídeo en el que se ve que varios chicos y chicas bailan un Agurra en el patio del centro, mientras otros portan unas fotografías, y en otro ha trascendido la existencia de una ikurriña, también con algunas fotos, entre ellas las del fusilado Angel Otaegi.

Covite presentó ante la Audiencia Nacional una denuncia por la presunta comisión de un delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación de las víctimas, y demandó la identificación de profesores, trabajadores, y alumnos. La denuncia se extiende también a Ikasle Abertzaleak.

La asociación de víctimas del terrorismo pide además que se identifique a quienes aparecen en las fotografías que se portaron en el acto, dando por hecho que son militantes de ETA y para que se informe a quienes pudieran haber sido víctimas de sus acciones.

La ONU y la Comisión Europea

Covite no solo llevó este caso ante la Audiencia Nacional, sino que lo trasladó también a la ONU, que a finales de diciembre lo incluyó en un informe sobre los derechos de la infancia, donde –según consta en algunas informaciones– se recoge que «durante décadas los niños españoles han sido víctimas directas de la violencia de la banda terrorista ETA».

Por su parte, el eurodiputado del PP Carlos Iturgaiz se dirigió a primeros de octubre a los comisarios europeos de Libertades y Derechos Humanos para saber su parecer acerca de que «en centros públicos de enseñanza de la Unión Europea pueda celebrarse un homenaje a miembros de una banda terrorista con absoluta impunidad».

Este jueves, estos hechos fueron trasladados por el PP al Parlamento de Gasteiz, a través de una proposición no de ley que fue rechazada por el resto de grupos parlamentarios.