El día había comenzado con la mano tendida –quizás la última– de la parte catalana, mediante una oferta de diálogo por carta a Rajoy y a Felipe de Borbón para pactar una consulta. Pero el mordisco español no se hizo esperar. Tras el Consejo de Ministros de los viernes, el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunciaba la decisión de asumir directamente el pago de nóminas, servicios educativos, sanidad o servicios sociales en Catalunya a cuenta del sistema de financiación autonómica.

Es la réplica a la carta enviada un día antes por el vicepresidente Oriol Junqueras a Madrid, en la que se comunicaba que dejaban de informar semanalmente de cómo gasta el Govern su dinero, dado que estaba siendo utilizado para criminalizar sus actuaciones. Montoro argumenta que toman este medida «novedosa de control de pagos» para evitar que un solo euro vaya a lo que Madrid llama «referéndum ilegal».

Horas después, en un acto interno del PP en Barcelona, Mariano Rajoy subió el nivel de la amenaza en una declaración al más puro estilo Corleone: «Nos van a obligar a lo que no queremos llegar».

Consecuencias para el Govern

Pere Aragonès, secretario de Economía de la Generalitat, respondió al envite lanzado hablando de «fraude de ley» y prometiendo batalla jurídica en el marco europeo. Y alertó de que, a tenor de la explicación de Montoro aún no notificada, puede ocurrir que se cubran económicamente las áreas citadas pero que se impida a la Generalitat hacer nuevas disposiciones de gasto para otros servicios como la seguridad –en plena alerta antiyihadista treinta días después de los atentados de Barcelona y Cambrils–, la justicia, las prisiones, los bomberos o el mantenimiento de infraestructuras.

Aunque Montoro quiso introducir la coletilla de que este sistema de control de pagos «no afecta al ejercicio de las competencias», su espíritu encaja claramente con el del artículo 155 de la Constitución (equiparado coloquialmente a suspensión de la autonomía) con el que Madrid amenazaba hace mucho. Con todo, el debate resulta un tanto baladí porque no hubo 155 más claro que el «cepillado» del Estatut por el Tribunal Constitucional allá por 2010, origen del estallido del «procés».

En el cada vez más difícil de seguir capítulo de medidas represivas, ayer destacaron las primeras citaciones fiscales a alcaldes (cinco en total) y nuevas entradas de la Guardia Civil en imprentas y medios.

A las primeras acceden para intentar cazar papeletas y carteles; ayer ocurrió en Sant Feliu y L’Hospitalet, ambas en la comarca del Llobregat. Y a los medios, para instarles a no publicar publicidad institucional del referéndum; lo notificaron ayer en al menos cinco redacciones (‘‘El Punt Avui’’ de Barcelona, Vilaweb, Racó Català, ‘‘El Nacional’’ y Naciò Digital). De ambas cosas se encarga la Guardia Civil.

En el citado acto de Barcelona, el presidente español, Mariano Rajoy, recibió una ovación al anunciar que se habían incautado de 100.000 carteles de «propaganda del Govern». El Estado no solo necesita hacer alarde de fuerza, sino resultados prácticos que obstaculicen el 1-O.

Maza: «Están abducidos»

Por lo que atañe a las citaciones, no se concreta cuándo empezará la rueda, pero podría ser la próxima semana. En una primera tanda se ha convocado a cinco alcaldes que son aforados al tener otros cargos; curiosamente, todos son del PDCat, no hay ninguno de la CUP, que ha dejado claro que no acudirán lo que desencadenaría orden de arresto según la propia Fiscalía. Estos regidores pertenecen a localidades de cierta importancia poblacional (de entre 12.000 y 70.000 habitantes): Mollerussa, La Seu d’Urgell, Valls, Vilanova i la Geltrú y Tortosa.

En el centro de la diana está también la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tras anunciar que en su ciudad se podrá votar, sin revelar aún cómo. El propio portavoz del Gobierno español, Iñigo Méndez de Vigo, se encargó de ello: «Cada uno es responsable de sus actos, y ella también. O sea está con la ley o se está contra la ley, no a medias».

 

Los comunes llaman a votar y anticapitalistas defiende el Sí

Catalunya en Comú, el partido de Ada Colau, ha decidido en una consulta interna llamar a sus simpatizantes a votar el próximo 1 de octubre, aunque lo presentan como una «movilización» y no un «referéndum». La coordinadora de comunicación del partido, Elisenda Alamany, informó de que de los 3.485 inscritos que han participado en la consulta (44% de las bases de la formación) 2.053 han votado a favor, 1.404 en contra y se ha emitido un voto nulo.

«Llamaremos a la participación y movilizaremos nuestra hoja de ruta, que es la del 80% de la gente que está a favor del derecho a decidir», concretó Alamany, y explicó que las caras visibles de Catalunya en Comú irán a votar como muestra del apoyo a la consulta.

El respaldo de los comunes responde a que consideran que una gran mayoría de la ciudadanía cree que los problemas políticos se solucionan políticamente: «Que el PP se escude en jueces y policías como los Mossos es un fracaso político. Alguien que se escuda en las amenazas y querellas demuestra que no tiene proyecto político».

Podem Catalunya también celebra estos días una consulta a sus bases sobre si deben participar en el 1 de octubre. Miembros de la ejecutiva, como su secretario general, ya han avanzado su voto positivo.

Entre tanto, Anticapitalistes, una de las corrientes internas de Podem, ha llamado públicamente a participar en el 1-O para que el resultado sea un mandato claro de la sociedad catalana, y ha defendido votar Sí a la independencia «porque representa la ruptura con el 'status quo' y abre camino a la construcción de una república catalana».GARA