Hace año y medio el Gobierno de Lakua presentó el avance del primer estudio oficial sobre la tortura, desde 1960 a la actualidad y restringido lógicamente a ciudadanos de la CAV. Y ayer anunció que se cierra con un total de 4.113 casos confirmados. Supone la certificación al máximo nivel de una práctica masiva, por tanto, si bien pese a su tremendo volumen las cifras no reflejan el horror subyacente: «No existen palabras en los idiomas y en los diccionarios para describir el nivel de sufrimiento de una persona que está siendo torturada», subrayó Paco Etxeberria, director del trabajo. De hecho, explicó que han sido muchos los que han acudido al Instituto, se han puesto el micrófono para grabar su testimonio y luego «se han descompuesto y se han ido sin hacerlo». Por ello y por la dificultad objetiva del tiempo pasado en muchos casos, se asume que esa cifra no es completa ni mucho menos.

Con todo, supone un reconocimiento pionero de la tortura a nivel institucional, y también conlleva un caudal de información muy importante: además del censo de 4.113 casos (suponen 3.415 víctimas en total, dado que algunas lo sufrieron dos o más veces), se han grabado en audio o vídeo más de mil testimonios, se han sometido al Protocolo de Estambul 202 (mostrando alta credibilidad), se han estudiado exhaustivamente 30 casos que se consideran emblemáticos, se han analizado y archivado más de 26.000 documentos, y aún les quedan 454 expedientes pendientes de estudio y valoración.

 

«No me ha engañado nadie»

Etxeberria dijo que, aunque el trabajo se haya dado por acabado, el Instituto Vasco de Criminología sigue teniendo abiertas sus oficinas para atender a quien quiera contarlo. Insistió en varios momentos de la comparecencia en que este no ha sido un trabajo más: «Es el tema más difícil que yo haya tocado con mis manos jamás».

En el desglose sobresale el hecho de que el 73% de los casos recogidos son del periodo de la autodenominada «democracia española», con una raya divisoria que se establece en 1978, aunque cabe matizar que lógicamente la parte del franquismo está infrarreflejada debido al paso del tiempo y la desaparición de las víctimas. Por contra, no hay denuncias de torturas ya desde 2014 a la actualidad. En esa línea de desarrollo temporal, visible en el cuadro adjunto, se aprecia por ejemplo cómo cayó el número de casos en los periodos de treguas de ETA de 1998 o 2006, hasta ir desapareciendo desde 2011.

¿A cuánto podría ascender la cifra final, que en otros trabajos como los de Euskal Memoria es más elevada (5.500 en todo el país y por cálculo de extrapolación en torno a 9.000)? Etxeberria no tiene respuesta para ello, pero sí recordó que en el periodo citado se han contabilizado unas 20.000 detenciones de este tipo, susceptibles por tanto de acabar en torturas.

Sobre la credibilidad, el forense destacó el valor científico del Protocolo de Estambul para medirla. Y desde su perspectiva personal, añadió que «de los 400 testimonios de vídeo en que he estado yo, tengo la certeza de que no me han engañado en ninguno». Un detalle del forense: «Cuando una mujer te dice ‘me oriné al primer tortazo’… eso no se lo inventa para conmovernos a nosotros».

Ha habido un ingente trabajo de fondo, también administrativo, añadió Etxeberria, para intentar certificar cada caso apuntado ya en recopilaciones anteriores como la que lideró Jon Mirena Landa, y así se ha llegado a la ratificación personal de 2.446 de estos 4.113.

A los poderes del Estado

Como conclusiones, el secretario de Convivencia de Lakua, Jonan Fernández, destacó la «presencia importante» de esta lacra, la evidencia de que «no ha sido suficientemente investigada», la constatación paralela de que «no ha recibido la atención sociopolítica ni mediática» que debía, y finalmente la ausencia de reconocimiento y reparación a quienes la han padecido.

Tras ello, y dado que la mayoría de los casos corresponden a Policía y Guardia Civil, manifestó Fernández que «los poderes del Estado deben sentirse concernidos», les instó a una «investigación independiente» y les planteó además medidas de prevención. En cuanto a la Ertzaintza (336 casos suyos recoge el informe), habló de realidad diferente por la existencia de «un modelo preventivo» y porque no existen condenas judiciales, pero matizando acto seguido que «eso no debe servir para una lectura autocomplaciente».

Añadió que a las víctimas se les debe reconocimiento. Y entre los compromisos que Lakua toma está canalizarlo a través de la Ley de Víctimas de 2016 (hoy bloqueada por el Tribunal Constitucional español), mejorar el modelo de prevención, y trasladar el informe tanto al Instituto Gogora como a la Ponencia de Paz y Memoria en marcha en el Parlamento de Gasteiz.

«Hemos dado un paso –insistió Fernández–. Lo primero era dar voz a los denunciantes. Y, ahora, sobre esto tenemos que seguir trabajando».

 

El PSE prefiere negarlo a aceptar «un conflicto que no ha existido»

No habían pasado ni minutos desde que había concluido la presentación del informe cuando el PSE, socio del PNV en el Gobierno de Lakua, emitió una contundente nota de rechazo del mismo y de su desarrollo posterior. Sobresale una frase: «Consideramos un error entender que medio siglo de terror de ETA se resume en 840 asesinados y 3.400 torturados, una simplificación que alimenta la teoría de un conflicto que nunca ha existido, y obvia la labor de una inmensa mayoría de funcionarios policiales y judiciales en defensa del Estado de Derecho al asentarse la falsa idea de una tortura generalizada».

Curiosamente, en la nota no se niegan los datos. El PSE se limita a decir que no ha participado en el trabajo, elaborado lógicamente por el equipo de profesionales del Instituto Vasco de Criminología. Y se escuda luego en que el informe «adopta una metodología meramente expositiva sobre las denuncias recogidas y llega a conclusiones que no se dirigen en la dirección necesaria para que se produzca una verdadera reparación de las víctimas. Confiamos, por el contrario, en que se pueda cumplir la Ley 12/2016, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política entre 1978 y 1999», añade.

Quien salió también al paso del primer abordaje oficial de esta lacra fue el sindicato de la Ertzaintza ErNE. Expresó su «total desacuerdo» porque entiende que supone «equiparar casos de supuestos malos tratos no probados y no demostrados con asesinatos y el terrorismo de persecución que la Ertzaintza y las policías locales han sufrido».

ErNE dijo estar «por la firme defensa de los derechos humanos» y calificó la tortura de «uno de los actos más deplorables», pero se parapetó en el manido argumento de que no hay condenas. Dijo «no entender cómo 314 casos (310 de la Ertzaintza y cuatro de las Policías Locales) pueden ser incluidos y avalados por el Gobierno Vasco como casos claros de tortura o malos tratos cuando no existe ninguna resolución judicial condenatoria».R.S.