La realidad supera la ficción en Leitza. Muestra de ello es el caso conocido el jueves: la imputación por parte de la Guardia Civil a un vecino de 21 años como presunto autor de un delito de «enaltecimiento del terrorismo» por aparecer en un cortometraje humorístico haciendo una pintada en una pared. Pero más relevante que este detalle, y a tenor de la nota de la Delegación del Gobierno español también más sonrojante para la Guardia Civil, es el final del propio cortometraje, en el que tras una persecución frustrada al joven son los vecinos de Leitza los que pasan al contrataque y expulsan del pueblo a los uniformados.

La desmilitarización es una demanda muy reiterada en esta localidad, dado que los vecinos han pedido en numerosas ocasiones que el instituto armado abandone el pueblo. Una cuestión a la que los gobiernos navarro y español respondieron con la instalación de un cuartel en la casa Maxurrenea, en contra de la opinión vecinal y del Ayuntamiento. «Leiza es Navarra y Navarra es España, y la Guardia Civil seguirá estando en Leiza por mal que les pese a algunos», sentenció el ministro español del Interior, Jorge Fernández Díaz, cuando lo visitó hace ahora un año, en setiembre.

La petición popular sostenida tampoco ha gustado a la Guardia Civil pues, según explican a GARA Juan Mari Barriola, concejal del Ayuntamiento, y el exalcalde Oier Eizmendi, en el último año la presencia y actitud de los agentes ha sido especialmente atosigante. Como ejemplo citan los númerosos controles de tráfico que realizan en las inmediaciones del municipio, la presencia en concentraciones e incluso en festejos y sobre todo las más de 50 multas de carácter político impuestas a unos 35 vecinos de la localidad -con un total de 3.000 habitantes- y que totalizan ya más de 52.000 euros.

Una visita polémica

La visita de Fernández Díaz marcó un antes y un después en esta polémica. Barriola y Eizmendi relatan que, aunque antes de dicha visita ya se habían dado algunas multas, la cifra ha aumentado exponencialmente a partir del 9 de setiembre de 2013. En concreto, explican que tres o cuatro días después del viaje de Fernández Díaz llegaron las primeras multas. A partir de esa fecha han sido casi semanales, hasta sumar alrededor de 50 a día de hoy.

El total de personas afectadas son unas 35, ya que hay vecinos y vecinas que han sido multadas en más de una ocasión, como es el caso del propio Eizmendi o de otra joven que con un total de ocho multas deberá pagar alrededor de 7.000 euros. Entre todas, la cantidad a abonar asciende a más de 52.000 euros. Como ejemplo de la escalada de las sanciones cabe destacar que en marzo la cantidad a pagar era de 12.000 euros, con lo que en solo cinco meses ha ascendido en 40.000 euros más.

La mayoría de las multas son de 450 euros -en algunos casos están ascendiendo a 900 euros tras las alegaciones- y se justifican con argumentos como la participación en concentraciones a favor de los presos, en contra de la ilegalización de Herrira, colocación de carteles y pancartas... En el caso de ocho vecinos, las multas son de 3.000 euros por colocar una pancarta de lado a lado en la calle principal.

Como curiosidad, aunque ello no reste gravedad al asunto, remarcan que en el caso de tres de los multados se les acusa de participar en concentraciones en las que no estuvieron. Otro de los hechos que destacan es que en muchas de las sanciones se afirma que la persona multada sujetaba la pancarta, cuestión contraria a la realidad. Añaden que la Guardia Civil afirma en las cartas haber identificado a los denunciados, algo que según afirman no se ha hecho ni una única vez. «En muchas ocasiones añaden la coletilla de que la Guardia Civil los conoce por hechos similares», apostillan.

Una función social «dudosa»

Más allá del efecto económico que el asunto acarrea, Eizmendi y Barriola destacan el mensaje político que trasciende de la presencia y actitud del instituto armado. «Quieren paralizar cualquier movimiento que haya en el pueblo y asustar a la gente», sostienen. Es más, añaden que lo ven como una respuesta a la postura de los vecinos que han manifestado en más de una ocasión que no los quieren en Maxurrenea. «Y mucho menos en el contexto político actual, en el que carece de sentido tener un cuerpo así en el pueblo», recuerdan.

El conflicto dio mucho que hablar hace una década. Recuerdan que legalmente la Guardia Civil no debería tener cabida en Maxurrenea puesto que la persona que cedió en herencia la casa al Gobierno navarro especificaba que lo hacía para fines sociales y culturales. Frente a ello, la presidenta, Yolanda Barcina, cita que la presencia de la Guardia Civil en Leitza «es de interés público».

Cabe recordar que el propio Parlamento navarro solicitó en junio de 2013 -con los votos a favor de Bildu, PSN, Aralar-NaBai, I-E y Geroa Bai- que Maxurrenea se emplee a las funciones sociales y culturales que figuran en la cesión. De hecho, desde el Ayuntamiento se han realizado diferentes propuestas para darle un uso social al edificio, como centro de día para mayores o como euskaltegi. Sin embargo, el Ejecutivo de UPN y el del PP (como antes el del PSOE) han hecho caso omiso a cualquiera de las demandas y han impuesto su voluntad a la del pueblo.

La situación actual se suma al historial convulso de la presencia de la Guardia Civil en Leitza. En 2002, un agente llamado Juan Carlos Beiro y destinado en la localidad murió en un atentado de ETA. Guardias civiles han protagonizado escándalos puntuales en establecimientos hosteleros, en estado de embriaguez. Y en 2009 uno de ellos fingió ser objeto de un atentado en el cuartel.