La denuncia de los grupos ecologistas, presentada ante la Dirección General de Medio Ambiente y Agua del Gobierno navarro, se basa en el incumplimiento de las condiciones de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de Ampliación de la primera fase del Canal de Navarra, que establece que «para cada una de las zonas de los sectores de regadío, y antes de las bases de concentración, se redactarán los correspondientes estudios de afecciones ambientales».

Recientemente, la Dirección General de Desarrollo Rural ha aprobado la concentración parcelaria del Sector XXIII del Canal, correspondiente a los municipios de Larraga, Berbinzana y Miranda de Arga, «pero sin publicar el Estudio de Afecciones Ambientales del citado sector, del que no existe ningún borrador accesible al público, y por supuesto sin haberse realizado información pública», subrayan los denunciantes.

Advierten de que la carencia de Estudio de Afecciones Ambientales posibilita el incumplimiento de diversas normativas ambientales, de aguas, y de protección del patrimonio y puede afectar negativamente sobre el hábitat del visón europeo, incumpliendo la normativa de protección de la fauna a nivel foral, estatal, y europeo.

Los denunciantes señalan que el incumplimiento de las condiciones de la Declaración de Impacto Ambiental es una infracción calificada como «grave» en el Real Decreto Legislativo 1/2008 y solicitan que los trabajos no se inicien sin disponer del Estudio de Afecciones Ambientales.

El rechazo a este proyecto es patente también en la ciudadanía. Como recogía ayer «Diario de Noticias», los vecinos de Lerin pidieron la dimisión de UPN por su apoyo al Canal.