Arzalluz atribuye a «las cabezas del régimen» la muerte de Muguruza
«El Cesid hacía su política. Quienes eran la cabeza del régimen, serían media docena, esos hacían este tipo de cosas», afirma Xabier Arzalliuz en referencia al atentado que hace veinticinco años costó la vida a Josu Muguruza y causó graves heridas a Iñaki Esnaola.
El que fuera entonces presidente del PNV, Xabier Arzalluz, señala directamente al Cesid y a las «cabezas del régimen» como los responsables del atentado que costó la vida a Josu Muguruza en Madrid el 20 de noviembre de 1989. Acusa a aquellos que «hacían su política por encima» diciendo «por aquí no y por aquí sí», algo que, según el antiguo líder peneuvista, siguen haciendo hoy en día.
Estas manifestaciones las ha realizado durante las largas entrevistas hechas para elaborar el documental «Zohardia» y han sido recogidas con detalle en el libro «Josu Muguruza. El sueño que no truncaron las balas».
En sus declaraciones, el expresidente del EBB muestra su convicción de que el Gobierno del PSOE no tuvo responsabilidad, y para ello hace alusión a la estrecha relación que unían a los jelkides con los responsables del Ministerio del Interior en aquella época. «En Madrid, aunque estaban Corcuera y estos, no nos dijeron nada claro. Y por eso nosotros -yo, al menos- pensamos que el Gobierno no era. Si hubiese sido el propio Gobierno, y si fuese algo montado por el ministro del Interior o con su conocimiento, nosotros habríamos terminado sabiéndolo, y no lo supimos».
En cualquier caso, el Gobierno español, los policías encargados del caso, la Fiscalía y los tribunales se preocuparon mucho de que toda la investigación quedara circunscrita a la hipótesis de que el atentado había sido cosa de dos elementos de extrema derecha descontrolados y sin ningún tipo de apoyo.
Para muestra, un botón. En comparecencia ante el juez instructor, quien fuera el comisario encargado del caso, Alberto Elías, no solo situó la principal hipótesis en la extrema derecha, sino que lanzó otras opciones descabelladas para no tener que mirar ni de reojo hacia las cloacas del Estado: «No se descarta la posibilidad de que el hecho fuera una especie de ajuste de cuentas, sin eliminar la eventual responsabilidad de los Comandos Autónomos, algún grupo anarquista o la propia ETA militar».
La clave la da el abogado Kepa Landa, que fue el representante de la acusación particular y que ha hablado para el libro de GARA dedicado a Muguruza: «El Estado no se investiga a sí mismo».
Landa afirma que con la detención del policía Angel Duce -único condenado como autor material pese a haber dos pistoleros- se pudieron comprobar algunas cuestiones, «pero también es cierto que si Duce no hubiese declarado, la causa no hubiese ido mucho más allá».
Landa remarca la enorme laguna que ha quedado por esclarecer: «Tuvo que desarrollarse un operativo, y aquel operativo no lo ha investigado nadie, aunque informaciones periodísticas han hablado de otras intervenciones sobre el terreno, más allá de la de los autores materiales».
Un crimen ligado a la ruptura de Argel y los sectores contrarios a la negociación
El abogado Iñigo Iruin, que en su calidad de senador por HB se encontraba aquella noche en el hotel Alcalá, considera que dirimir si la muerte de Muguruza fue una circunstancia aleatoria o si, por el contrario, se trató de un objetivo predeterminado resolvería el debate sobre las hipótesis: acción de la extrema derecha o crimen de Estado. No era una persona conocida, por lo que la decisión de matarlo respondería a consideraciones realizadas en ámbitos cualificados.
A su juicio, para abordar este dilema no solo hay que tener en cuenta el atentado en sí, sino también el análisis de la situación política de aquel momento. El punto de partida es claro para Iruin: la ruptura, ocho meses antes, de la mesa de Argel.
Los sectores de los aparatos de Estado que se opusieron a aquel proceso -se refiere al Cesid y la Guardia Civil- salieron fortalecidos de aquella ruptura y estaban decididos a finiquitar toda opción de retomar el diálogo. Precisamente, el mensaje que llevaban los representantes de HB a Madrid era el de retomar la vía de la negociación.
Otro aspecto importante para dilucidar el sentido del atentado es comprobar si, tras la experiencia de los GAL, el Estado había desechado o no la guerra sucia. Para Iruin no hay dudas. El envío de paquetes bomba a miembros de la izquierda abertzale poco antes -uno de ellos mató al cartero José Antonio Cardosa en Errenteria- muestra que estaba plenamente vigente.
Otro elemento de análisis se debe extraer del cálculo que los servicios de inteligencia hacían sobre Muguruza. «El Estado le consideraba una persona clave en un eventual proceso de diálogo, por lo que quienes no querían que algo así pasase tenían claro que debían quitarlo del medio», afirma Iruin, quien entiende que la versión más verosímil es que se trató de un crimen de Estado. I. A
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