La CIV indica que ETA sigue sellando e inutilizando sus armas y explosivos
ETA continúa con el sellado y puesta fuera de uso de sus armas y explosivos. Así se desprende del comunicado remitido ayer por la Comisión Internacional de Verificación (CIV), que dice haber recibido informes recientes de la organización vasca a este respecto. Los verificadores recuerdan, en base a su experiencia, que inventariar e inutilizar las armas es un paso necesario previo al «desarme completo».
La Comisión Internacional de Verificación (CIV) difundió ayer un comunicado en el que afirma haber recibido, «recientemente», «informes de ETA de que continúa el proceso de sellado y puesta fuera de uso operativo de sus armas, munición y explosivos». Y añade, asimismo, que la organización vasca «ha reiterado a la CIV el compromiso que hizo público el 1 de marzo de 2014 de sellado y puesto fuera de sus armas, munición y explosivos, y de desarrollar un inventario de estas». Partiendo de esta premisa, los integrantes de la comisión internacional señalan que «desde nuestra experiencia en otros procesos, inventariar y poner fuera de uso operativo las armas, munición y explosivos es un paso previo necesario al desarme completo».
El comunicado remitido a los medios comienza recordando que la CIV se constituyó el 28 de septiembre de 2011 «para verificar `el alto el fuego permanente, general y verificable' declarado por Euskadi ta Askatasuna (ETA) el 10 de enero de 2011 y la subsiguiente declaración de `final definitivo de la violencia' del 20 de octubre de 2011», y señala que «desde que se constituyó, la Comisión ha verificado que ETA ha cumplido con su compromiso de cesar todo tipo de asesinatos, atentados, amenazas y extorsión». Los verificadores indican, asimismo, que en este tiempo han trabajado «estrechamente con los actores políticos y sociales vascos», a quienes agradecen «su ayuda y apoyo en la tarea de verificar el alto el fuego y el final definitivo de la violencia».
A renglón seguido, la CIV cita los «pasos positivos» que se han producido en este país, y expresa su deseo de que «los esfuerzos para consolidar el fin de la violencia se intensifiquen».
El primer paso de enero
En el mismo tono, la comisión de expertos internacionales hace mención a que en abril de 2013 su mandato «se expandió incluyendo la verificación del proceso unilateral de sellado y puesta fuera de uso operativo de las armas, munición y explosivos de ETA», y destaca que en enero de este año «la Comisión verificó que ETA había sellado y puesto fuera de uso operativo una cantidad especifica de armas, munición y explosivos», constatando a su vez «que era un primer paso en un proceso que la Comisión cree que llevará eventualmente a la puesta fuera de uso operativo de todas las armas, munición y explosivos de ETA». Es tras hacer este repaso cuando la CIV explica que ha recibido informes de ETA dando cuenta de sus tareas de sellado e inutilización de su armamento.
En el último párrafo del escrito, la CIV informa de que «seguirá trabajando con todos los actores relevantes para completar este proceso lo antes posible». «Tenemos la confianza de que con el apoyo de todos los actores políticos y sociales en el País Vasco se puede conseguir. La Comisión continuará a trabajar con determinación e imparcialidad para trabajar hacia una paz duradera», concluye.
La CIV deja patente por tanto su determinación de seguir trabajando en la tarea que le fue encomendada.
Asimismo, con la información remitida a la Comisión, ETA profundiza en una vía que además del importante paso de enero vivió otro hito el pasado mes de julio, cuando la organización vasca anunció en un comunicado enviado a este periódico que ya había culminado «el desmantelamiento de las estructuras logísticas y operativas derivadas de la práctica de la lucha armada», con el objeto de realizar el tránsito del ciclo de la confrontación armada a la confrontación democrática.
En ese comunicado, ETA afirmaba también que estaba creando una estructura técnico-logística con el objetivo llevar a su término el sellado de los depósitos de armas, y añadía que reforzará la estructura para la tareas políticas, «así como las que tienen como objetivo propiciar conversaciones entre las diferentes partes para hacer avanzar el proceso de paz».
Lakua contraataca culpando a ETA y planteando otro plan sin garantía alguna
Apenas media hora después de que la Comisión Internacional de Verificación hiciera público su anuncio, el Gobierno de Lakua difundía una réplica en toda regla, en la que desprecia el proceso abierto por estos expertos con ETA tildándolo de inservible, culpa a la organización vasca de lo que llama «no-desarme» y propone un plan que no tiene ninguna garantía extra respecto al de los verificadores, dada la obstrucción absoluta del Gobierno español.
El texto conlleva evidenmente un giro absoluto en la posición de Lakua, que hasta ahora había escenificado -aunque de forma cada vez más tibia- un apoyo a los verificadores, cuya mayor expresión fue la presencia de Iñigo Urkullu en Madrid cuando fueron llevados a la Audiencia Nacional en febrero. Ahora reniega de esa vía y plantea otra que intenta aparentar liderazgo de Lakua, pero que toparía con los mismos problemas que la anterior. Hace ver que esta sería realizable, e incluso «rápida» y «efectiva». Curiosamente, Lakua explica que ha dirigido esta propuesta a ETA -y que ha informado paralelamente a la CIV-, pero no al Gobierno español, que es quien impide que se materialice este desarme de modo ordenado y con otro tipo de verificación más pública y oficial.
El plan de Lakua tiene cinco puntos. El primero establece que «ETA acepta materializar el desarme ante la sociedad vasca y canalizarlo mediante los buenos oficios de un comité para el desarme con una composición social, internacional e institucional».
«En un plazo de tiempo comunicado, ETA estructura el depósito de todas sus armas y explosivos en un número determinado de almacenamientos localizables y seguros para la población», sigue.
El punto tercero reza: «Paralelamente, se constituye un Comité para el Desarme compuesto por una representación del Foro Social que ha venido reuniéndose con el Comité Internacional de Verificación, de los agentes internacionales y por representantes del Gobierno Vasco. Se solicitará el apoyo del Parlamento Vasco para este comité».
A continuación, «ETA hace entrega de la localización de sus almacenamientos de armas y explosivos a la representación de la sociedad vasca representada en el Comité para el Desarme».
Y por último, «esta representación social entrega esta información al Comité para el Desarme que lo pone, a su vez, en manos del Gobierno Vasco para que éste actúe como legalmente proceda».
Todo ello se formula en un tono absolutamente imperativo: «El Gobierno Vasco se dirige a ETA y le emplaza a asumir esta propuesta porque representa la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca. El no-desarme es una hipoteca que ETA obliga a pagar a la sociedad vasca. El desarme es un deuda que ETA tiene contraída con la sociedad vasca».
En esta propuesta difundida como contraprogramación al anuncio de los verificadores internacionales, Lakua apenas incluye una referencia al gran problema de fondo, que es la negativa del Gobierno del PP a implicarse en la verificación del desarme o a permitir que se realice a través de estos expertos internacionales. Para el Gobierno Urkullu, este sería solo uno de los tres motivos de que el asunto no esté avanzando: «Confluyen tres razones que se retroalimentan -expone-: la no colaboración del Gobierno español, la complejidad operativa de un desarme sin colaboración del Estado, y el interés táctico de ETA de posponer esta decisión». Esta última afirmación no es explicada.
La propuesta se publicita después de que Urkullu siempre hubiera reclamado discreción sobre el tema, argumentando que «han pasado 38 meses, demasiado tiempo sin ningún resultado efectivo. El presentado en enero de 2014 [inicio del sellado e inventariado, con prueba gráfica] fue un paso a todas luces insuficiente. La ausencia de avances y el incumplimiento de compromisos anunciados, incluso públicamente, confirman que ETA se ha instalado en el no-desarme. Esto no es aceptable. Tiene un alto coste social y político que ha de pagar la sociedad vasca en forma de injusta hipoteca. El Gobierno Vasco considera que ha llegado la hora de hacer un emplazamiento directo a ETA con una propuesta concreta para un procedimiento rápido, viable y efectivo de desarme».
Según pudo constatar GARA, Lakua no había confirmado este planteamiento con la CIV ni con el Foro Social, ni tampoco con otros grupos políticos, antes de hacerlo público de esta manera tan peculiar. Una decisión que obviamente, dada la importancia de la cuestión, solamente pudo haber tomado el propio lehendakari.
Desde el PSE reprocharon a Lakua que su propuesta «carece de sentido» y acusaron al Ejecutivo autonómico de «arrogarse un protagonismo innecesario».
PLAN DE LAKUA
Primero: ETA acepta materializar el desarme ante la sociedad vasca y canalizarlo ante un comité con composición social, internacional e institucional
Segundo: «En un plazo de tiempo comunicado, ETA estructura el depósito de todas sus armas y explosivos en un número determinado de almacenamientos localizables y seguros»
Tercero: Se constituye un Comité de Desarme con el Foro Social, agentes internacionales y Gobierno de Lakua.
Cuarto: «ETA hace entrega de la localización de sus almacenamientos de armas y explosivos» a la representación vasca del Comité de Desarme
Quinto: El Comité de Desarme lo entrega a Lakua «para que éste actúe como legalmente proceda»
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