Se vendió como «pacto antiyihadista» entre PP y PSOE, pero la letra pequeña ya ha dejado en evidencia que se ha aprovechado para colar nuevas restricciones contra ciudadanos vascos. En concreto, dentro de la proposición de ley presentada ayer en el Congreso, los dos grandes partidos españoles han incluido una cláusula que permite inhabilitar por periodos de entre 6 y 20 años a los docentes que sean condenados por algún delito relacionado con el «terrorismo», lo que va desde la «pertenencia a organización armada» hasta el «enaltecimiento». En concreto, el artículo 579 bis prevé la «inhabilitación absoluta o inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en los ámbitos docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo superior entre 6 y 20 años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en su caso por la sentencia».

La medida llevaba en el cajón desde que, a finales de 2013, se filtrase un fantasmagórico informe, supuestamente elaborado por la Guardia Civil, destinado a criminalizar a los docentes del modelo D en Nafarroa asegurando que «uno de cada cuatro» profesores «está directa o indirectamente relacionado con ETA o con organizaciones de la izquierda abertzale».

De ser cierto este documento, que nunca se llegó a hacer público aunque ``El Mundo'' reprodujo su portada, supondría que el Instituto Armado realizó un fichero ideológico sobre más de 1.500 docentes. Ayer, este informe volvió a salir a relucir en la nota de prensa enviada por UPN en la que se felicitaba exclusivamente por la medida restrictiva hacia el profesorado.

La modificación del Código Penal, que se debatirá el 19 de febrero, implica que un docente que sea condenado por exhibir una fotografía de un preso podrá quedar inhabilitado.

Próximo objetivo: la eduación

El debate sobre la cadena perpetua impuesta por el PP y aceptada de facto por el PSOE ha capitalizado el debate sobre un pacto de Estado que apunta hacia la «gran coalición» (una tesis reforzada por el hecho de que Pedro Sánchez abogase ayer por más acuerdos de este tipo en materias como educación). Teniendo en cuenta que la cadena perpetua ya funciona en la práctica con 40 años de condena íntegra, este era un cambio más cosmético que real. Para conocer el verdadero alcance de la reforma había que esperar para ver la letra pequeña de la Proposición de Ley Orgánica registrada ayer en el Congreso.

En primer lugar, destaca en ella la ampliación del concepto «terrorista», que se aplica a «cualquier delito grave contra bienes jurídicos» con la finalidad de «subvertir el orden constitucional o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo; alterar gravemente la paz pública; desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional o provocar un estado de terror en la población o en parte de ella». Un texto ambiguo, por tanto, que abre la vía a que la Policía tenga más facilidades para señalar como «terrorismo» conductas de mera protesta.

La iniciativa pactada entre PP y PSOE prevé ampliar las penas de cárcel para todos los supuestos vinculados con el «terrorismo». Incluye una nueva tipología por la que se puede juzgar por «pertenencia a organización armada» a los denominados «lobos solitarios», es decir, a aquellos que no están estrictamente encuadrados en una estructura.

Además, persigue lo que califica como «adoctrinamiento o adiestramiento pasivo»; es decir, que será condenado también quien busque información en Internet. Ante las críticas suscitadas cuando el borrador incluyó este supuesto, los negociadores de PP y PSOE han acotado que las consultas deberán ser «habituales y con un elemento finalista», es decir, que esté «dirigida a incorporarse a una organización terrorista, colaborar con ella o perseguir sus fines». Nuevamente, una amplia definición que servirá para extender la excepcionalidad.

«No» de los partidos abertzales

Otro incremento destacable es el del «enaltecimiento o apología», también en su modalidad de «descrédito, menosprecio o humillación a las víctimas», que pasa a tener una condena de entre uno y tres años de cárcel. De este modo, los jueces podrán castigar a prisión incluso aunque no se tengan antecedentes. Habitualmente, las penas menores a dos años y la ausencia de otros precedentes judiciales suelen suponer la suspensión de la condena. Según la reforma de los artículos 578 y 579 del Código Penal, se pondrá especial atención a los mensajes difundidos a través de Internet, lo que apunta a reforzar redadas como la «Operación Araña».

El pacto encontró el rechazo de las formaciones abertzales. Amaiur, por boca de Xabier Mikel Errekondo, denunció que «no se trata de un pacto antiyihadista, sino contra la ciudadanía», y censuró que su aplicación implicará más recortes de libertades. Emilio Olabarria (PNV) advirtió sobre la «arbitrariedad» de su articulado y el «electoralismo» del acuerdo entre PP y PSOE. En la misma línea, Uxue Barkos (Geroa Bai), consideró que el texto «pone en evidencia las urgencias del bipartidismo» en clave electoral.