Desde el primer día de 2015 está en vigor la nueva Ley de Mutuas, aprobada en el Congreso español con los votos favorables de PP, CiU y PNV. ELA criticó el texto de la misma y sostuvo que el paso dado avanza en «la privatización del sistema público de salud» y sitúa en las mutuas, que dependen de los empresarios -y en el caso vasco el gerente de Mutualia es, a su vez, presidente de Confebask, Miguel Ángel Lujua-, el control de las bajas profesionales, pero también de las bajas por enfermedad común. La nueva ley no ha llegado a entregar todas las competencias a los empresarios, pero sí ha situado la posibilidad de que puedan beneficiarse en la rebaja de cotizaciones sociales si se reducen las declaraciones de enfermedad, por lo que «está claro que el fraude aumentará de ritmo», como explicó la responsable de Salud Laboral de ELA, Leire Txakartegi.

El secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, Txiki, destacó que la nueva legislación «hace que el control de la salud de las personas trabajadoras se quede en manos de la patronal. En nuestro caso es evidente con el presidente de Confebask y gerente de Mutualia», precisó. También adelantó que esta nueva legislación «nos obligará a trabajar en condiciones de menos salud» y, a la vez, ligó esta reforma a las otras reformas laborales «porque han traído más precariedad, mucha presión y mucho miedo para las personas y de eso solo se benefician los empresarios».

Muñoz insistió en el «total rechazo» al contenido de la ley y consideró «especialmente grave el apoyo del PNV a la misma. Con el argumento de que no se puede generalizar la mala situación de las mutuas, da su apoyo a un proceso continuo de privatización del sistema de salud».

ELA emplazó a los gobiernos autonómicos de Hego Euskal Herria para que desarrollen «políticas públicas en defensa de un sistema público e integral de salud, sobre el que tenemos competencia exclusiva, que abarque la prevención y la reparación de los daños a la salud, tanto en el trabajo como fuera de él y que proteja del mismo modo a quien tenga o no empleo».

La central sindical explicó que «con la excusa de controlar los niveles de absentismo, la gestión de la totalidad de las bajas de los trabajadores se va derivando del sistema público al sistema mutual. Se oficializa la ampliación de su actividad a la gestión de las contingencias comunes». Leire Txakartegi recordó que ««hasta ahora, si el personal médico del sistema sanitario público no contestaba, el alta no se convertía en definitivo. Con esta reforma, si no hay contestación en cinco días, pueden pedir la intervención de la Inspección de la Seguridad Social, que estará obligada a contestar en cuatro días».

«En los últimos años las mutuas han ido asumiendo cada vez más competencias. Solo les falta dar altas médicas. De hecho, esta es la histórica aspiración de la patronal y no pararán hasta conseguirlo», denunció.