Una semana después de que la jueza de la Audiencia Nacional española Carmen Lamela enviara a la cárcel a ocho miembros del Govern imputados por rebelión, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena decidió ayer que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, acusada del mismo delito, pueda eludir la prisión si abona 150.000 euros. El cambio de criterio se vio reforzado por la salida a la calle de miembros de la Mesa de la cámara catalana imputados: Anna Simó, Lluís Corominas, Lluís Guinó y Ramona Barrufet (de Junts pel Sí) tienen ahora una semana para abonar los 25.000 euros de fianza, mientras que Joan Josep Nuet (de CSQP) quedó el libertad con cargos, pero sin fianza. A última hora de ayer la ANC se mostró dispuesta a pagar con su caja de resistencia las fianzas.

La decisión de Llarena enmienda de forma importante la línea seguida en la AN con los miembros del Govern y los líderes de la ANC y de Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, que llevan 25 días en la cárcel. Ahora podrán volver a pedir la revisión de sus casos. Y también el traslado de su causa al Tribunal Supremo, algo con lo que se especula desde hace días.

La decisión del juez Llarena se conoció pasadas las 22.00, tras una larga jornada que empezó a las 9.00 con la declaración, larga, de Forcadell. Primera novedad: a diferencia de los miembros del Govern, que solo tuvieron 24 horas para estudiarse las 200 páginas de la querella presentada por la Fiscalía, los miembros de la Mesa decidieron contestar también a las preguntas de los fiscales Fidel Cadena y Consuelo Madrigal.

Todos desayunaron con la información de varios medios según la cual, evidenciando el carácter político de la persecución judicial a líderes independentistas, «fuentes de la Fiscalía» aseguraban que tanto los líderes ya encarcelados como los miembros de la Mesa podrían eludir la prisión si acataban la Constitución.

De hecho, el relato construido mediáticamente a lo largo del día fue preparando el terreno al excarcelamiento, ya que rápidamente se filtró que los imputados «acataron» la aplicación del artículo 155 –es algo evidente, el Parlament ha suspendido sus actividades ordinarias a la espera de las elecciones del 21D– y que también quitaron hierro a la declaración de la República catalana el pasado 27 de setiembre. Le otorgaron, según la mayoría de medios catalanes, un carácter «político», aunque según los medios españoles el adjetivo que emplearon fue «simbólico». Sea como sea, quedó de manifiesto la voluntad de subrayar el carácter no jurídico ni efectivo de la declaración del Parlament. Algo que, del mismo modo, se puede comprobar fácilmente aunque escueza un poco en filas independentistas: la República no se ha puesto en marcha.

Con diez presos políticos en la cárcel y su puesta en libertad como objetivo prioritario y transversal en Catalunya –atentos a la manifestación de mañana [ver página 5]–, la estrategia legal de los miembros de la Mesa se centró en evitar su ingreso en la cárcel, tanto como objetivo personal de los imputados como estrategia para aflorar las contradicciones entre las decisiones del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.

La línea defensiva se puso de manifiesto en la vistilla en la que, al concluir las declaraciones, el juez reunió a fiscales e imputados. Los primeros defendieron poner en libertad a Nuet –que basó su declaración en recordar que no es independentista–, pidieron prisión incondicional para Forcadell, Corominas, Guinó y Simó, y propusieron una fianza para Barrufet, que según afirmaron agencias en su declaración defendió el carácter no válido del 1-O y prometió alejarse de la vía unilateral. En el último turno de palabra que Llarena concedió a los imputados en la vistilla, todos se sumaron a la promesa de no reincidir en la vía unilateral, insisten estas fuentes.

Del TSJC al Supremo

Además de la decisión sobre el futuro inmediato de los imputados, Llarena también decidió reclamar al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) las causas abiertas contra la Mesa del Parlament. Es el primer paso para que el Supremo asuma la investigación de todas las causas relacionadas con el 1-O, idea con la que se especula tanto en Catalunya como en ambientes madrileños que, pese a defender la mano dura, consideran que el encarcelamiento de los líderes independentistas puede llegar a ser contraproducente para la estrategia del Estado.

Según se ha informado en los últimos días, podría empezar por reclamar las causas abiertas en el TSJC –de momento solo ha pedido las relacionadas con la Mesa– y en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona –el mismo que ordenó la operación policial del 20 de setiembre contra la logística del referéndum–. Un proceso que culminaría con la asunción del caso en manos de la juez Lamela y que, siguiendo con el criterio exhibido ayer, podría derivar en la excarcelación de los consellers ahora presos. Pero aquí y ahora, esto no son más que especulaciones en un Estado donde «desgraciadamente, la separación de poderes no existe». Palabra de Eduard Punset.

 

Lamela rechaza excarcelar a los consellers para el 21D

Donde no hubo sorpresa ninguna fue en el despacho de la juez de la Audiencia Nacional española Carmen Lamela, que ayer rechazó por la vía rápida los recursos presentados por el vicepresidente, Oriol Junqueras, y los otros siete consejeros del Govern encarcelados desde el pasado 2 de noviembre en las prisiones de Estremera y Alcalá Meco.

Los abogados de los cargos públicos catalanes reclamaron su puesta en libertad al considerar que su encarcelamiento preventivo «lesiona irremediablemente su derecho a la participación política y del conjunto de la ciudadanía a la representación política», en referencia a las elecciones del 21 de diciembre, en las que se da por hecho que los encarcelados ocuparán los puestos de cabeza en la lista o listas independentistas. Todavía queda una semana para saber si habrá que hablar en singular o en plural en este punto.

Por otro lado, sin embargo, Lamela paró en seco los trámites para exigir a los ocho encarcelados la fianza de 6,2 millones de euros que, supuestamente, la Generalitat se gastó en la preparación del referéndum del 1-O. La defensa de los consellers acreditó que dicha partida de los presupuestos, anulados por el TC, no se utilizó para organizar el plebiscito.B.Z.

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