En las últimas semanas el tema del TAV en Navarra vuelve a estar de actualidad por la falta de acuerdo entre el Ministerio de Fomento y el Gobierno de Navarra.

El TAV es una competencia del Gobierno español. Sin embargo, en su día, el anterior Gobierno de Navarra firmó un Convenio con el Gobierno español, según el cual Navarra se hacía cargo de la ejecución de la obra, adelantando el dinero que después debería devolver el Estado español.

El actual Gobierno de Navarra ha planteado firmar un nuevo Convenio, que sustituya al anterior, sin cuestionar en absoluto el fondo del proyecto. Así mismo, el Gobierno de Navarra ha condicionado la firma del convenio para el TAV a la firma del Convenio Económico entre el Estado y Navarra. Ante el desacuerdo de Geroa Bai con el resto de partidos que apoyan al Gobierno, la inclusión de una partida económica en los presupuestos del Gobierno de Navarra para el 2018 se había convertido en su problema político, por lo que el Gobierno de Navarra quería que el Estado se encargara de la licitación este año de los tramos Villafranca-Olite y Olite-Peralta, y de las obras en 2018.

Mientras el Ministerio de Fomento ha pretendido separar el convenio del TAV de las negociaciones del Convenio Económico, exigía al Gobierno foral que cumpliese lo acordado en el convenio en vigor, de tal forma que licite este año los dos próximos tramos y ejecute las obras desde el próximo,  siendo la garantía para ello, la inclusión de una partida presupuestaria a este fin.

Pero no queremos limitarnos a los términos de este debate, a nuestro modo de ver superficial. Pretendemos dar un paso más allá y denunciar el fondo de la cuestión: independientemente de quién sea el responsable de ejecutar las obras, el TAV es una infraestructura que carece de justificación económica, social, medio ambiental o de interés general.

Como se ve, todo el conflicto se limita a un desacuerdo sobre cuál es el órgano político que tiene la responsabilidad en la ejecución de las obras. De lo que se deduce que, ambas partes están de acuerdo en que el TAV se debe construir. O en otras palabras, atribuyen justificación meramente política y le dan la etiqueta de estratégica a una infraestructura que carece de estudio alguno que avale su rentabilidad económica, social o medio ambiental. Sobre todo si se tiene en cuenta que esas partidas se detraen de otras en las que sí hay necesidades, como la sanidad, la educación o los servicios sociales.

Esto supone una transferencia vía impuestos de las capas más pobres a las más ricas de la sociedad. Que es contraria al interés general. Que es insostenible al afectar a multitud de dimensiones ambientales con su construcción (fragmentación de hábitat, biodiversidad, ocupación de suelo fértil, impacto visual y paisajístico, ruido, vibraciones, etc.). Que tiene efectos fuertemente centralizadores al dejar a muchos territorios desprovistos de conexión con el ferrocarril cuando hasta ahora sí tenían.

Por todas estas razones, es obvio que la postura más razonable en cuanto al TAV debe ser la de su paralización. Es necesario someter la red ferroviaria navarra a su correspondiente debate social real para ver cuál es verdaderamente el interés general de la ciudadanía navarra en esta materia. ¿Qué queremos, un tren sostenible, social y rentable que vertebre el territorio? O ¿Queremos un modelo centralizador, caro, carente de análisis de rentabilidad y basado en criterios meramente políticos?

Las personas firmantes de este escrito, lo tenemos claro: ya que la ciudadanía navarra es quien sufrirá las consecuencias de desarrollar uno u otro proyecto, debemos ser preguntadas sobre el tipo de tren que necesitamos y queremos. En nuestra opinión no es lícito imponer el TAV, por lo que exigimos que la decisión la tome el pueblo.