No podemos ocultar que en los últimos quince años en la CAPV se han ido dando pasos institucionales hacia el reconocimiento y reparación de las víctimas, pero todas las resoluciones tomadas han sido criticadas repetidas veces por insuficientes y discriminatorias en la atención por igual a todas las víctimas. Ante este nuevo intento de ley, esta vez para las víctimas desde 1978 hasta 1999, apreciamos las mismas carencias y errores de raíz, de planteamiento, aun cuando suponga una limitada utilidad para que vean la luz algunas de ellas.

Porque si hay algo que caracteriza a toda víctima, sea del origen que sea, es sentirse visibilizada y atendida en el reconocimiento de sus derechos, unos derechos que de una u otra forma han sido vulnerados. Desgraciadamente solo en algunos casos esa visibilidad y reconocimiento se ha dado, con creces en algunos casos tendenciosamente exaltados, mientras en otros el olvido y menosprecio ha sido manifiesto.

Las carencias detectadas en la ley fueron varias, empezando por la terminología empleada, ámbito temporal, ambigüedades sobre el ámbito de aplicación, nivel de reparación y atención, etc. De ahí vino nuestra disposición y ánimo para aportar en positivo de cara a mejorarla. A la Comisión de DDHH del Parlamento Vasco fuimos cargados de argumentos y avalados por los relatores de la ONU en materia de DDHH que recomiendan e instan al Estado español así como a las administraciones de índole autonómico o local a cumplir con la legislación internacional de amparo a las víctimas de vulneraciones de DDHH y atenderlas en su derecho a la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición.
Pero el resultado final defrauda una vez más: se mantiene terminología diferente para denominar las diversas violencias, se mantienen los tramos temporales y, lo que es más grave, se repara de forma discriminada a las víctimas; en definitiva, se categoriza a las víctimas y se les trata en función de la violencia que las ha provocado.

Esta ley deja sin amparo a víctimas de vulneraciones de DDHH producidas por omisión de las obligaciones del Estado, como por ejemplo manteniendo la dispersión a la que han de enfrentarse cientos de ciudadanos y que ha provocado ya 16 muertes y cientos de heridos, y aquellas sobre las que se vertió una versión oficial que justificara la necesidad de acabar con algunas vidas o disfrazando lo ocurrido. Creemos que como mínimo estos supuestos deberían investigarse para llegar a una conclusión al respecto. Porque de versiones oficiales desgraciadamente algo sabemos, como la que emitieron tras los asesinatos del 3 de marzo precisamente para justificarlos: Nos vimos obligados a disparar ante una agresión arquetípicamente terrorista... Mikel Zabalza se escapó de los agentes que lo custodiaban y esposado se tiró por un hueco del túnel de Endarlatza cayendo al río donde se ahogó porque no sabía nadar... Los sucesos de Foz de Lumbier, donde hay quien se suicida disparándose dos veces a la cabeza... y así podríamos repasar una larga lista de versiones que a todos nos resultan cuando menos chirriantes.

Ante la amenaza de posibles recursos del Estado español nos dicen que hay que blindar la ley y dotarla de seguridad jurídica. Que hay que retirar términos como «represión ilícita» pues esa represión fue atendiendo a leyes lícitas. Dicen que no hay que admitir ni mencionar ninguna alusión al conflicto político que es precisamente uno de los principales orígenes del problema. También argumentan que hay que tener cuidado de a quién considerar víctima sin una sentencia que lo avale y que no hay que equiparar a las víctimas.

Es una falacia querer avalar con fallos judiciales a algunas víctimas de vulneraciones de DDHH cuando en el Estado español es notoria la impunidad que impera. Es complicado marcar responsables si en vez de juzgarles se les da cobijo y amparo y se impide que sean juzgados en otros lugares. Son contadas las ocasiones en las que víctimas del Estado han sido avaladas por sentencias contra torturadores. Por el contrario, abundan los casos de desamparo: ¿Existe alguna sentencia que marque responsabilidades, por ejemplo, en la masacre del 3 de Marzo de 1976 y otras muchas actuaciones represivas? Si no se juzgan las vulneraciones cometidas y se ampara la impunidad de sus responsables, es una quimera que existan víctimas reconocidas.

Pero el que no haya sentencias no quiere decir que no haya víctimas, que las hay y se pueden acreditar. Y cuando a estas víctimas se les reconoce su condición es obligado repararlas de igual forma que a otras, equidad no significa equiparación. El mundo de las víctimas es amplio y complejo y proviene de diferentes actuaciones vulneradoras de derechos humanos. Víctima es aquella persona que ha perdido la vida en un atentado y también lo es el que ha muerto tiroteado a la salida de una iglesia previamente gaseada por uniformados grises. Las dos son vulneraciones de derechos humanos y tienen que ser igualmente reconocidas. ¿Vale más una vida que la otra? Y si creen que si, ¿cómo lo justifican? La mejor seguridad jurídica y blindaje que puede darse a esta ley es cumplir escrupulosamente con la legislación internacional establecida al efecto, que en eso es clara: a igual vulneración le corresponde igual trato y reparación. Esta ley tal como ha quedado redactada no cumple con los parámetros establecidos.

Las víctimas que en un momento u otro hemos sufrido las consecuencias de la violencia de Estado exigimos Verdad, Justicia, Reconocimiento y exigimos que no vuelvan a repetirse situaciones como las producidas. También que se acabe y se corrija la discriminación sistemática que viene dándose hacia nosotras y nosotros. Es necesaria una ley, sí, pero justa e igualitaria, y la presentada para su aprobación sigue demostrándonos los miedos con los que se legisla. Es necesaria una ley que responda a los derechos que a las víctimas nos otorga la legislación internacional en esta materia, y no se vea supeditada a intereses de nada ni nadie. La ley es muy probable que salga adelante, pero no nos convence. Por eso seguiremos reclamando, a la mínima ocasión que tengamos, la elaboración de una Ley Integral de Víctimas, de todo tipo de víctimas, que hayan padecido y sufrido la conculcación de los derechos humanos de cualquier índole y que se hayan cometido en el arco temporal que va desde el golpe franquista de 1936 hasta la actualidad.

Pedimos a nuestras instituciones que actúen con coherencia, justicia y responsabilidad, sean valientes y soberanas en la toma de decisiones y nunca supediten los derechos de las víctimas a conveniencias partidarias. Un Estado de Derecho, unas instituciones de Derecho, con mayúsculas, no lo son por su enunciado, lo son por la aplicación permanente e intransigente de la Justicia y la Reparación en toda conculcación del mismo. Las legislaciones nacionales e internacionales en materia de Derechos Humanos están para cumplirlas. Cualquier reclamación de su incumplimiento denotaría el más profundo olvido, marginación y desprecio hacia las víctimas.