La multinacional Arcelor Mittal anunció ayer el cese parcial de la actividad en su fábrica de Zumarraga. La empresa plantea la transferencia de parte de la producción a otras fábricas del grupo y la oferta a los trabajadores de un puesto de trabajo en varias plantas de la corporación. Argumenta la multinacional que las importaciones de productos intermedios, los elevados costes de la electricidad y la dependencia de la importación de chatarra lastran sus resultados en un mercado ibérico con sobrecapacidad.

Mientras los sindicatos valoraron la decisión como un paso hacia el cierre de la planta de Zumarraga que provocará pérdida de empleo directo e indirecto en la comarca y el debilitamiento del tejido industrial local, los responsables políticos del Gobierno de Lakua y de la Diputación de Gipuzkoa cargaron contra la multinacional acusándola de falta de rigor y visión empresarial y exigiéndole responsabilidad y un plan de reindustrialización. Declaraciones que chocan con la postura que han mantenido hasta ahora esos mismos responsables políticos que –obviando su credo neoliberal– se manifestaban hace pocas semanas con esa multinacional por las calles de Bruselas para reclamar medidas proteccionistas contra las importaciones provenientes de China. La obligación de hacer «territorios amables» que ha defendido reiteradamente la consejera Arantza Tapia o el compromiso de «acompañar» a las empresas del diputado de Hacienda de Gipuzkoa, Jabier Larrañaga, no parecen suficientes mimbres para tejer una política industrial digna de tal nombre.

La decisión muestra en toda su crudeza la delicada situación del tejido industrial vasco, dependiente de empresas multinacionales, con una administración obsesionada con sus dogmas liberales que se limita a poner la alfombra roja a las empresas y sin soberanía para poder tomar decisiones en ámbitos que resultan claves para fortalecer la economía vasca y garantizar trabajo a su ciudadanía.