Los estibadores del puerto de Pasaia anunciaron ayer que irán a la huelga en el caso de que el jueves el Congreso de Diputados español apruebe el Real Decreto que reforma la estiba en el Estado. El motivo esgrimido por el Gobierno para aprobar dicho decreto ha sido una sentencia del TJUE que considera que la regulación del sector en el Estado no garantiza la libre competencia. En caso de que no se proceda a una nueva regulación el tribunal amenaza con imponer al Reino de España una multa coercitiva diaria a añadir a la sanción que ya acumula.

En el trasfondo de este conflicto está el empeño de las instituciones europeas por liberalizar totalmente las relaciones laborales, sin tener en cuenta el carácter específico de muchos trabajos o las especiales condiciones en las que se llevan a cabo muchos de ellos. Detrás de este intento está el interés en abrir también las actividades de estiba de los puertos a otras empresas de la UE, precarizar las condiciones laborales y eliminar mejoras logradas tras largas luchas obreras. En ese contexto el Gobierno del PP ha aprovechado la oportunidad para introducir una nueva regulación que va mucho más allá de lo que la sentencia del tribunal europeo obliga con el fin de doblegar la voluntad de los trabajadores. Así, por ejemplo, la Comisión Europea ha tenido que desmentir al Gobierno en relación con la posibilidad de subrogar trabajadores que sí permite el reglamento europeo de servicios portuarios.

Además de mostrar el carácter reaccionario y la nula sensibilidad social del Gobierno del PP, el conflicto vuelve a dejar en evidencia, una vez más, que un tema estratégico para un país como es la ordenación y gestión de la actividad portuaria continúa en sus aspectos esenciales en manos del Gobierno de Madrid. Y en aquel campo de juego, el PNV se dedica a esconder el sentido de su voto en un intento de obtener la mayor cantidad de prebendas a cambio. Entre tanto, los trabajadores vascos de la estiba siguen a merced de lo que se decida lejos de Euskal Herria.