Las Islas Feroe son un archipiélago –administrativamente danés– con menos de 50.000 habitantes, dedicados mayormente a la pesca. Cualquier comparación con Euskal Herria resulta extemporánea y, si se permite, ridícula. Sin embargo, los dos textos publicados en estas páginas ayer y hoy sobre este pueblo sacan a relucir otra comparación más real e interesante, porque igual que el Estado español, Dinamarca es un Reino de la UE con una Constitución que no contempla la posibilidad de renunciar a parte de su territorio. El mantra es conocido, ya que es habitual escuchar a mandatarios españoles decir que ninguna constitución reconoce el derecho a la autodeterminación. La afirmación es tan cierta como el hecho de que Dinamarca, sin que su Carta Magna diga nada al respecto, reconoce el derecho de los feroés a independizarse.

Tanto el caso danés como el británico –aunque estos ni siquiera tienen una Constitución propiamente dicha– son ejemplos palmarios de cómo en democracias representativas consolidadas los conflictos políticos se resuelven a través de la negociación política y las urnas. Ni la legislación danesa ni la británica contemplan mecanismos para que las Islas Feroe o Escocia puedan constituirse en estados soberanos, pero ambas naciones tienen reconocido este derecho. La explicación es sencilla: tanto en Copenhague como en Londres es la ley la que se adapta a la voluntad popular, y no al revés, como pretende hacer creer Madrid que ocurre universalmente. Postura insostenible que cada vez genera más dificultades al Estado español en la comunidad internacional, tal y como reconoció la semana pasada el exministro español Manuel García Margallo.

La trinchera legalista de Madrid amenaza ruina, y cada vez son menos las escusas para no adaptar la ley a la voluntad popular encarnada por el empuje catalán, ante el cual la ciudadanía vasca no puede permanecer ni impasible ni indiferente. Urge emprender un camino propio para el que Gure Esku Dago marcó el sábado una fecha en el calendario: 10 de junio en Bilbo.