Durante un recreo en dos institutos de Gipuzkoa unos alumnos organizaron concentraciones el Gudari Eguna y posteriormente colgaron en las redes sociales imágenes de las mismas. Este hecho resulto suficiente para que Covite presentara una denuncia por un presunto delito de «exaltación del terrorismo». Poco importó que ese día se hagan concentraciones por toda Euskal Herria recordando los últimos fusilamientos del franquismo, la Audiencia Nacional decidió investigar el hecho con todos los recursos a su disposición. Entre las diligencias está la petición a los institutos para que proporcionen la filiación de todos los alumnos, profesores y trabajadores de los centros. Una actuación sin precedentes que no se entiende más que como un intento de amedrentar a la comunidad escolar para que nadie ponga en cuestión el relato único sobre las víctimas que quiere imponer el Estado.

El Partido Popular aprovechó la querella de Covite para llevar la denuncia tanto al Parlamento Europeo –en octubre– como al Parlamento de Gasteiz –donde el jueves cosechó una sonora derrota al no concitar ni un solo apoyo–. Ha utilizado la causa para arremeter contra todo el sistema educativo vasco, siendo precisamente en la enseñanza donde se ha puesto en marcha un programa sobre víctimas, susceptible de mejora pero pionero y en funcionamiento. Una vez más el PP ha dejado en evidencia que sigue utilizando políticamente a algunas asociaciones de víctimas para señalar y perseguir a ciudadanos vascos.

Como ocurrió en Altsasu donde una trifulca nocturna se transformó en un presunto delito de «terrorismo», en este caso una concentración realizada por menores en un descanso escolar en el Gudari Eguna se eleva a delito de exaltación. La misma lógica de inflar y descontextualizar primero para perseguir después cualquier manifestación que recuerde que en este país ha habido también otros muertos y otras víctimas. Para negar el conflicto político.