Ayer este diario abría su edición informando del documento de la ONU en el que por enésima vez señala al Estado español por la falta de garantías de los detenidos. Se trata de un examen en el que los estados hacen su valoración y una serie de recomendaciones. El Estado español ha vuelto a suspender y ha sido reprendido. Incomunicación y tortura forman un binomio perversamente lógico, ya que la primera es el procedimiento imprescindible para que la segunda permanezca oculta e impune. Otra denuncia a la que el Gobierno español ha vuelto a responder obviando el motivo de los emplazamientos de organizaciones internacionales y numerosos estados.

Un día después es noticia la advertencia de cinco relatores de los «Procedimientos Especiales», el principal órgano de expertos independientes de la ONU en materia de derechos humanos, que alertan de la vulneración de derechos fundamentales que pueden ocasionar varias reformas legislativas españolas, como la del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como «Ley Mordaza». En consecuencia, los relatores piden la retirada de ambos proyectos, ya aprobados por el Congreso español, muestra de la nula voluntad de dar marcha atrás en una deriva represiva de objetivos muy poco democráticos, como es el control social, y justificada por la «seguridad».

Una supuesta seguridad que para la mayoría de los ciudadanos es inseguridad jurídica y física, arbitrariedad y limitación, cuando no negación, de derechos y libertades. Es de sobra conocida en Euskal Herria la incomunicación de los detenidos, la consiguiente posibilidad de tortura y la práctica imposibilidad de que las denuncias sean investigadas. También leyes de excepción como las que el Gobierno del PP pretende aplicar, las cuales no son sino la base legal de la que, tal y como advierten los relatores de la ONU, el Estado español pretende dotar a medidas contrarias al Derecho internacional.