Anteayer, hace 76 años, tras ser entregado por la Gestapo y juzgado en consejo de guerra sumarísimo, los fascistas españoles fusilaban a Lluís Companys, president de una país, Catalunya, al que querían escarmentar. Fue el único presidente electo democráticamente que murió delante de un pelotón de fusilamiento durante toda la época de la Segunda Guerra Mundial, una figura internacionalmente reconocida como símbolo antifascista. A día de hoy, para el Estado español, Companys no solo no es una víctima, sino que es culpable. La sentencia que lo llevó frente al foso Eulalia del castillo de Montjuïc sigue siendo jurídicamente válida, los tribunales franquistas siguen considerándose legales.

A diferencia del excanciller alemán Helmut Kohl y del expresidente francés François Mitterrand, que pidieron perdón en nombre de sus países por haber colaborado en la detención y entrega de Companys a los franquistas, el Estado español nunca ha pedido perdón por haber fusilado al expresident de Catalunya. Tampoco por el bombardeo de Gernika. Ni por la deportación de miles de gudaris y republicanos a los campos de exterminio nazis. Se niega a reparar el trabajo esclavo de los prisioneros que enriqueció a tantas empresas, a encontrar a los niños y niñas robados o a retornar el patrimonio expoliado a miles de antifranquistas. Se muestra orgulloso de ser un modelo de transición basado en la impunidad, llama ejemplo de reconciliación a ser el segundo país con más desaparecidos del planeta. Permite homenajes a la División Azul, da subvenciones públicas a la Fundación Francisco Franco.

El horror fascista es presente. Sus víctimas siguen sin tener acceso a la justicia y a la verdad. La derecha española, que no tiene vergüenza en reclamar el franquismo como una fase de «extraordinaria placidez», mantiene su genética; el sistema político español es heredero del mismo. Que el Govern de Catalunya repare a las víctimas del fascismo sin el permiso de Madrid y abra con coraje ese nuevo frente es una gran noticia. Un ejemplo que inspira.