Una comisión judicial se acercó ayer para celebrar una vista al hospital de Pitié-Salpêtriere, donde el preso Oier Gómez recibe tratamiento contra el cáncer. Debían analizar la petición de suspensión de la condena motivada por su delicado estado de salud. No suele ser habitual que una vista de este tipo se celebre en el hospital, muestra fehaciente de la gravedad de la enfermedad del preso.

La resolución positiva de la petición de Oier está en estos momentos en manos de la Justicia francesa que, por lo que trascendió ayer, no parece que se oponga a la demanda. En ese caso también tendría que solventar otro tipo de obstáculos como las euroórdenes pendientes, posible siempre que exista voluntad política. Queda por ver la postura del Gobierno español, que fijó su posición en esta cuestión cuando en febrero filtró una circular interna de Instituciones Penitenciarias. En ella hacía una lectura absolutamente restrictiva y perversa de la ley, estableciendo el criterio de que los presos políticos vascos no podrían ser liberados a menos que su fallecimiento se previera con razonable certeza a muy corto plazo. Más que firmeza semejante crueldad dejaba al descubierto su debilidad. En todo caso, y desgraciadamente, el caso de Gómez parece entrar incluso en esa retorcida y despiadada lectura de la ley.

La sociedad vasca se ha movilizado claramente por la libertad de los prisioneros enfermos. Se han impulsado y aprobado mociones en diferentes ámbitos. Por eso resulta llamativo el silencio de Lakua, una actitud muy distinta de la sostenida cuando no se trataba de presos políticos y estaban en otros países. La discreción no es incompatible con la firmeza política y el apoyo humano. Oier Gómez es ciudadano vasco su derecho a vivir y morir con dignidad está amenazado, secuestrado en un perverso corredor de la muerte construido sobre la venganza y la excepcionalidad. Es fácil de entender y sencillo actuar en consecuencia, con responsabilidad y un único objetivo: que lo liberen.